La Cámara Primera de lo Penal resolvió que el expresidente Alfredo Cristiani no fue juzgado en España por la masacre de la UCA, por lo que rechazó el argumento de la defensa sobre un supuesto doble juzgamiento y confirmó que el proceso penal en El Salvador debe continuar.
Zarko Pinkas | Más de tres décadas después de la masacre en la UCA, el tiempo judicial vuelve a moverse. No con prisa, sino con esa lentitud densa con la que avanzan los casos que nunca terminan de irse.
La Policía Nacional Civil informó sobre la captura de José Ricardo Romero Chávez, de 37 años, y Cecilia Elizabeth Palacios, de la misma edad, acusados de quitarle la vida a una persona por motivos pasionales.
Los generales David Munguía Payés y Atilio Benítez, ministros de Defensa durante los gobiernos del FMLN Y ARENA son investigados por los cambios hechos a un contrato de permuta de armas obsoletas que tenía la citada cartera de Estado.
El exedil es acusado junto con su esposa María Evelinda de Hernández; su hijo Darwin Elías Hernández y dos amigos de la familia Ana Gloria Recinos y Raúl López Ríos.
La Sala de lo Constitucional se negó a estudiar un amparo interpuesto por la Fiscalía y con ello favorece al diputado del PCN, quien es señalado de enriquecimiento ilícito.
El pasado 6 de mayo, el Juzgado Séptimo de Paz ordenó la prisión preventiva contra el exdiputado tricolor por los cargos de cargos de agrupaciones ilícitas y fraude electoral.
Fiscalía pide el sobreseimiento definitivo de la acción penal debido a que el delito ya prescribió. Pero pide que se mantenga la responsabilidad civil.
El caso nace de un proceso judicial desarrollado en los tribunales salvadoreños donde el HSBC buscó recuperar US$2 millones en prestamos a una empresa salvadoreña. El banco señala a El Salvador por incumplimiento al Tratado Bilateral de Inversión con el Reino Unido.