La Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General de la República (FGR), ya cuentan con las facultades para realizar traslados y depurar a los funcionarios judiciales de 60 años o más, luego que la Asamblea Legislativa reformara la Ley Orgánica de la Carrera Judicial y la Ley Orgánica del Ministerio Público.
La iniciativa fue presentada por el diputado Caleb Navarro de Nuevas Ideas, señalando que la modificación pretende eliminar la justicia selectiva en el país.
El legislador cian detalló que los cambios puntuales de la reforma son: 1. Se establece en 60 años la edad de retiro obligatorio, 2. Se resuelve el tema de las categorías, pues magistrados de cámara y jueces de primera instancia se quedan en una sola categoría; y los jueces de paz en dos categorías (antes eran 4).
Agregó que: 3. Se regulan los traslados de magistrados y jueces. Es decir, se da cobertura legal a los traslados 4. Una disposición transitoria que faculta a la CSJ a armonizar el tema salarial, llenar las vacantes, y dar cumplimiento a la reforma.
Además: 5. Se establece un régimen de disponibilidad para las personas que deben abandonar la judicatura, lo cual deberá ser decidido por la CSJ.
La reforma plantea también que los ascensos serán con base a “méritos y actitud” y se garantizará la estabilidad laboral de los funcionarios en la carrera judicial.
Algunos de los jueces afectados en esta reforma son Jorge Alberto Guzmán Urquilla, juez de caso El Mozote, quien tiene 62 años; y Roberto Antonio Arévalo Ortuño, juez sexto de instrucción, quien tiene 66 años.
La reforma agrega a la ley actual que los miembros de la carrera judicial “podrán ser trasladados sin que medie acuerdo del pleno de la Corte Suprema de Justicia”, según el literal f del artículo 6.
Dicho artículo es reformado para que la CSJ pueda “ordenar traslados por razones justificadas de conveniencia del servicio o por la necesidad en una determinada sede judicial, dada la complejidad y especialidad de los asuntos que ahí se traten”.
Como disposición transitoria, el decreto ordena que los “magistrados de cámara, jueces de primera instancia y jueces de paz” que a la vigencia del decreto “tuvieren la edad de 60 años o más cesarán inmediatamente en el ejercicio de sus funciones en la sede judicial en que se encontraren”.
La reforma faculta a la CSJ de hacer “traslados y nombramientos” que considere “necesarios e indispensables en las sedes que quedaren vacantes”.
Una reforma similar fue aprobada a la Ley Orgánica de la FGR, para que el fiscal general “por razones justificadas de conveniencia del servicio o por la complejidad y especialidad de los asuntos que se traten en una determinada unidad organizativa podrá ordenar mediante acuerdo el traslado temporal o permanente de los miembros de la carrera fiscal”.
La reforma le pone fin a la carrera fiscal cuando las personas cumplan 60 años, sin que la regla aplique al fiscal adjunto, al auditor fiscal y al secretario general.
“Sí busca controlar cualquier indicio de corrupción dentro de la institución. Hoy en día al fiscal general de la República se le dificulta un poco tomar esta decisión”, indicó Guillermo Gallegos, diputado de Gana.
Las diputadas del FMLN, Anabel Belloso y Dina Argueta, se opusieron a la medida impulsada por los diputados de Nuevas Ideas en la Asamblea Legislativa a través de reformas en la Ley de la Carrera Judicial.
Belloso lo denominó como “un golpe a la institucionalidad democrática y el estado de derecho”:
“Nuevas Ideas está pidiendo modificación de agenda y dispensa de trámite para modificar la Ley de la Carrera Judicial, el golpe a la institucionalidad democrática y el estado de derecho sigue en curso”, escribió en su cuenta de Twitter.
Mientras que la diputada Dina Argueta aseguró que “viene otro golpe para deteriorar más la agonizante democracia de este país”.
Por su parte, la directora de Estudios Legales de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES), Marjorie de Trigueros, calificó esto como
“Son un instrumento para controlar políticamente a los jueces y magistrados de segunda instancia y anular su independencia. Se trata, por lo tanto, de un segundo golpe de gran envergadura contra la independencia judicial, para lo cual se utilizará a la CSJ que se ha integrado mayoritariamente con magistrados nombrados inconstitucionalmente por la actual legislatura”, manifestó.
Agregó que dicha jubilación no será pareja, ya que “deja a discreción de la CSJ elegir a cuáles magistrados jubilar y cuáles dejar en el puesto aunque tengan esa edad”.
Eso se vuelve, según Fusades, “una herramienta de control sobre la independencia del juez”, por lo que concluye que viola el artículo 172 inciso 3° de la Constitución de la República.
La reforma autoriza traslados por razones justificadas “o de conveniencia del servicio” para jueces, magistrados y fiscales.
Esto, según Fusades, “deja nuevamente a discreción de la CSJ la posibilidad de usar los traslados como castigos o para quitar de determinados tribunales a ciertos jueces o magistrados de cámara”.
