Más de tres décadas después de la masacre en la UCA, el tiempo judicial vuelve a moverse. No con prisa, sino con esa lentitud densa con la que avanzan los casos que nunca terminan de irse.
Por Zarko Pinkas
A finales de noviembre de 1989, San Salvador vivió uno de los momentos más intensos de la guerra civil. La ofensiva se trasladó a la ciudad y convirtió las calles en escenario de enfrentamientos, con balaceras, vehículos incendiados y una sensación generalizada de caos. En medio de ese contexto, ocurrió la masacre de los sacerdotes jesuitas en la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA), un hecho que impactó directamente en uno de los espacios académicos más influyentes del país y de la región.
Unos meses después, ingresé a estudiar a la UCA, en un ambiente que aún arrastraba ese golpe. La universidad no solo había perdido a profesores, sino a una parte esencial de su pensamiento. La sensación que persistía era de duelo, una tristeza contenida entre quienes trabajaban y estudiaban ahí. Yo llegaba desde fuera, con otra perspectiva, pero con una idea clara: que la vida humana y su dignidad están por encima de cualquier conflicto. Ese principio, simple pero esencial, es el que se pone en juego cada vez que hechos como este vuelven a la discusión pública.
El Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador agendó para el próximo 20 de julio el inicio de la vista pública por el Caso Jesuitas de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA), en el que figura como acusado el expresidente de la República, Alfredo Cristiani.
La programación, notificada por el tribunal, establece que once personas enfrentarán juicio por su presunta participación en el asesinato de seis sacerdotes y sus dos colaboradoras, ocurrido en noviembre de 1989 dentro de las instalaciones de la UCA.
La decisión de abrir juicio fue tomada en abril de 2025 por el Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador, aunque la fijación de fecha se había retrasado debido a diversos recursos presentados por las defensas.
En el caso de Cristiani, la acusación corresponde a autoría mediata en comisión por omisión. Tras la reapertura del proceso, en 2025 se giró una orden de captura en su contra, la cual fue elevada a nivel internacional a través de Interpol. Sin embargo, según consta en el expediente judicial, dicha difusión fue posteriormente eliminada por el organismo tras un análisis de su Comisión de Control de Ficheros.
Junto al exmandatario también enfrentan proceso varios militares de alto rango, entre ellos Rafael Humberto Larios López, Juan Orlando Zepeda Herrera, Juan Rafael Bustillo Toledo, Carlos Camilo Hernández Barahona, Nelson Iván López López, Joaquín Arnoldo Cerna Flores e Inocente Orlando Montano Morales. A ellos se les atribuyen cargos que incluyen autoría mediata, complicidad en asesinato y actos de terrorismo.
Asimismo, Rodolfo Antonio Parker Soto, Óscar Alberto León Linares y Manuel Antonio Hermenegildo Rivas Mejía son procesados por los delitos de fraude procesal y encubrimiento personal en perjuicio de la actividad judicial.
El proceso actual representa el segundo intento del sistema judicial salvadoreño por conocer el caso. En el año 2000, los acusados fueron absueltos bajo la protección de la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz. Aunque dicha normativa fue derogada en 2016, en 2020 la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia validó el sobreseimiento, cerrando nuevamente el expediente.
Fue hasta 2021 que la Fiscalía General de la República presentó un recurso de nulidad contra esa resolución, lo que derivó en la reapertura del caso, formalizada en 2025 y que ahora avanza hacia la fase de vista pública.
La masacre ocurrió en noviembre de 1989, en las instalaciones de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA), donde fueron asesinados los sacerdotes jesuitas Ignacio Ellacuría, Ignacio Martín-Baró, Segundo Montes, Juan Ramón Moreno, Amando López y Joaquín López y López, junto a sus colaboradoras Elba Julia Ramos y su hija Celina Mariceth Ramos, quienes residían en el lugar. Más de tres décadas después, el caso vuelve a entrar en fase judicial, con una fecha marcada en el calendario y una historia que sigue esperando resolución.
