El exfiscal de la República, Luis Martínez, pasará a arresto domiciliar y uso de un brazalete electrónico como medidas impuestas alternas a los otros dos procesos que tiene pendientes, decretó el Juzgado Quinto de Vigilancia Penitenciaria y Ejecución de la Pena de San Salvador.
El imputado cumple la pena total de cinco años por el delito de divulgación de material reservado el próximo 26 de agosto, pero por los dos procesos que tiene pendientes no podrá salir en libertad sino que estará en su domicilio mientras inicia la audiencia premilinar en el Juzgado Cuarto de Instrucción y la vista pública en el Tribunal Tercero de Sentencia.
Aunque se impuso la medida del brazalete electrónico, representantes de Centros Penales informaron que por el momento no cuentan con dispositivos electrónicos.
Sobre esto, la fiscal del caso informó que el imputado pasará a la nueva dirección que brindaron el 27 de agosto y que los jueces son los que deben determinar lo del dispositivo.
Sobre los procesos pendientes, el fiscal auxiliar del Grupo Contra la Impunidad dijo que se está procesando al exfiscal Martínez por 15 delitos en el Caso Corruptela.
Los delitos son “por lavado de dinero, cohecho, negociaciones ilícitas, falsedades documentales, en total son 15 delitos los que se le atribuyen que se está llevando en el Juzgado Cuarto de Instrucción de San Salvador y que están pendientes de que se celebre la audiencia preliminar”, indicó.
En el Tribunal Tercero de Sentencia el proceso que tiene es por los delitos de omisión en la investigación y revelación de información.
“Legalmente, una vez un interno cumple la pena debe ser puesto en libertad de forma inmediata. En el caso de él, esa libertad no se puede dar por los dos procesos que tiene pendiente; previamente los dos jueces que llevan la investigación se han pronunciado y hay un juez que ya resolvió que debe estar en arresto domiciliario y con la imposición del dispositivo electrónico”, dijo el fiscal del caso.
El fiscal del Grupo contra la Impunidad abonó que el imputado Martínez es procesado desde octubre de 2018 por los delitos de lavado de dinero, cohecho, asociaciones ilícitas, falsedad documental, en total son 15 delitos que se le atribuyen en el proceso a cargo del Juzgado Cuarto de Instrucción de San Salvador.
“Actualmente estamos pendientes de que se realice la audiencia preliminar porque en su caso ya transcurrieron los dos años de detención provisional y en octubre del año pasado solicitamos al juzgado la imposición de medidas sustitutiva”, afirmó el fiscal.
La idea, manifestó el fiscal, que se siga garantizando que el procesado no se vaya a sustraer de la acción de la justicia, tomando en cuenta que de ser hallado culpable por el resto de delitos la pena que podría recibir, es elevada.
“La unidad contra el Crimen Organizado ha solicitado una audiencia especial de revisión de medidas porque en su momento se le otorgó arresto domiciliar con dispositivo electrónico: consideramos importante se revisen las medidas otorgadas y se deje al imputados en detención provisional mientras se lleva a cabo la vista pública”, aseveró la fiscal del Grupo especializado.
Agregó, que el juicio en el Tribunal Tercero de Sentencia se ha retrasado por diferentes excusas, que en su momento se hicieron del conocimiento de la Cámara Tercera de lo Penal y esta lo elevó a la Sala de lo Penal con miras a sustituir la jueza que tramitaba el caso, pero la Sala todavía no se ha resuelto.
