El exfiscal general de la República (FGR), Luis Martínez, fue sacado del sector 9 del Centro Penal “La Esperanza”, mejor conocido como “Mariona”, para que cumpla prisión domiciliar después de cumplir una pena de cinco años de prisión por divulgación de materiales reservados (escuchas telefónicas) y debido a que la Fiscalía aún no presenta acusación formal por otros dos casos en los que está involucrado.
Martínez habría sido trasladado a Santa Ana, para seguir allá con el proceso condenatorio, sin un brazalete electrónico, tal como ordenó el Juzgado Quinto de Vigilancia Penitenciaria y Ejecución de la Pena. La Dirección General de Centros Penales (DGCP) ha dicho que se encuentra escasa de estos dispositivos y que se lo colocarán hasta que tenga uno.
Esa disposición no ha sido la misma para el exalcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt, para quien la Cámara Tercera de lo Penal desde el 30 de julio ordenó que fuera puesto en arresto domiciliar, pero en su caso, Centros Penales dijo que no tenía dispositivo electrónico disponible y que debía seguir en prisión.
El exfiscal finalizó el jueves los cinco años de prisión a los que fue condenado, pero debe cumplir con el pago de US$120 mil de los cuales se adeudan alrededor de US$60 mil, como acto de responsabilidad civil.
Martínez fue acusado de divulgar las conversaciones personales del exsacerdote español, Antonio Rodríguez, mejor conocido como padre Toño, en torno a una investigación realizada en 2014, en la cual se utilizó el sistema de intervención telefónica, cuando este fungía como fiscal general en el periodo del 2012 -2015.
El exsacerdote lo denunció tras conocerse que supuestamente reveló las conversaciones de su vida privada.
Ante esto, en el juicio se estableció que “considerando que fueron aproximadamente dos a tres años de daños severos a la salud mental y física de la víctima, además por fuertes repercusiones de daños económicos”.
Por otra parte, el condenado tiene otros dos procesos judiciales pendientes por los que ha sido enviado a arresto domiciliar debido a que el plazo de los dos años en detención preventiva, en los dos casos, ya los cumplió.
Martínez está pendiente de la audiencia preliminar en el caso conocido como “Corruptela”, en el que supuestamente dirigía una red de corrupción que se dedicaba a recibir sobornos para poder favorecer a imputados para no seguir con los casos. Esto habría ocurrido durante su gestión en la Fiscalía General.
En este caso, la Fiscalía lo acusa de haber recibido $1.4 millones de parte del ex presidente, Mauricio Funes, para que no lo investigara en el proceso de la presa inconclusa El Chaparral y en la tregua entre las pandillas. También habría favorecido a Enrique Rais, quien es prófugo de la justicia.
En este proceso, Martínez es acusado de 15 delitos, entre ellos lavado de dinero, peculado (apropiación de fondos públicos), cohecho propio (soborno), negociaciones ilícitas y omisión de la investigación.
Este proceso se ventila en el juzgado Cuarto de Instrucción de San Salvador que le dio medidas sustitutivas a la detención porque ya había cumplido los dos años de estar en prisión preventiva, tal como lo señala la ley. Sin embargo, una Cámara revocó esas medidas y ordenó arresto domiciliar con custodia policial.
En el tribunal Tercero de Sentencia está pendiente que se le haga juicio por los delitos de omisión de la investigación y revelación de información y documentos secretos por un funcionario. En este caso también está procesado Enrique Rais.
Resulta que Martínez, siendo Fiscal General, favoreció a Rais en un proceso judicial en el que habría acusado de manera fraudulenta a dos abogados por estafa y extorsión.
También como se le cumplieron los dos años de detención provisional, el referido tribunal le otorgó arresto domiciliar con brazalete electrónico.
Pero como Martínez cumplía la condena de cinco años en la cárcel, entonces, el arresto domiciliar quedó en suspenso y es por eso que al cumplir con esa pena es que podrá estar detenido en su casa.
Otra de las situaciones que se discutió en la audiencia fue la indemnización de $56,038.82 que la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) le ordenó a Martínez a pagarle al padre Toño por daños y perjuicios por haber divulgado las conversaciones telefónicas privadas.
El ex Fiscal General dijo que estaba dispuesto a poder llegar a un acuerdo con la víctima, pero que por el momento no puede responder económicamente por “el excesivo poder de la Fiscalía General en contra de su persona y de sus bienes”.
En noviembre de 2018, la Fiscalía le confiscó a Martínez, seis propiedades y do vehículos que habrían sido adquiridas con fondos de origen ilícito y fueron puestas a disposición del Consejo Nacional de Administración de Bienes (Conab).
Los inmuebles están en residencial Joyas de las Piletas, en Santa Tecla; una casa de campo en Comasagua, y otra en la residencial Santa Elena, de Antiguo Cuscatlán, los tres son municipios de La Libertad. Otra casa está en el barrio San Miguelito, de San Salvador, y hay dos más en Santa Ana.
