La Cámara Primera de lo Penal resolvió que el expresidente Alfredo Cristiani no fue juzgado en España por la masacre de la UCA, por lo que rechazó el argumento de la defensa sobre un supuesto doble juzgamiento y confirmó que el proceso penal en El Salvador debe continuar.
Zarko Pinkas | Más de tres décadas después de la masacre en la UCA, el tiempo judicial vuelve a moverse. No con prisa, sino con esa lentitud densa con la que avanzan los casos que nunca terminan de irse.
La Policía Nacional Civil informó sobre la captura de José Ricardo Romero Chávez, de 37 años, y Cecilia Elizabeth Palacios, de la misma edad, acusados de quitarle la vida a una persona por motivos pasionales.
Según la Fiscalía General de la República (FGR), los exfuncionarios de Mauricio Funes se favorecieron con entregas de dinero ilegales entre el 2009-2014, por un monto total que asciende a más de US$2 millones.
El Ministerio Público giró 15 órdenes de captura en contra de una estructura de miembros de Pandilla 18 que se dedicaba a extorsionar a los residentes de la zona.
Ambos jueces fueron alcanzados por el decreto 144, que se encuentra contenido en el paquete de reformas a la Ley de la Carrera Judicial, que fue aprobado por la Asamblea Legislativa.
Según la fiscal del caso, indicó que en la audiencia Preliminar se logró demostrar la participación delincuencial del imputado con un análisis pericial.
El exfutbolista de varios equipos en la Primera División y en la liga nacional de fútbol sala fue notificado de la decisión judicial por la que se sentará en el banquillo de los acusados
Al ex edil capitalino y al ex empleado de la alcaldía, Fernando Portillo se les decretó el arresto domiciliar por incumplimiento de deberes, mientras que un tercer imputado recibió medidas sustitutivas.
El exalcalde de San Salvador y los exempleados municipales Santos Muñoz y Fernando Portillo, son acusados de la retención de más de $5 millones de dólares, en perjuicio de 41 trabajadores y 54 entidades.
El proceso judicial en su contra avanza a la siguiente fase. Son acusado de desviar fondos de las tiendas penitenciarias. La Fiscalía asegura apelará la decisión emitida
La Fiscalía General de la República presentó el requerimiento formal en contra del exalcalde de San Salvador y los exempleados municipales Santos Muñoz y Fernando Portillo, por la retención de más de $5 millones de dólares, en perjuicio de 41 trabajadores y 54 entidades.
A diferencia del ex fiscal Luis Martínez a Muyshondt no le fue concedido arresto domiciliar a pesar que fue una orden del juez, asegurando que no habían brazaletes.
Según los señalamientos de la Corte el exedil Jorge Alberto Rivas e integrantes de su concejo municipal, deben pagar en concepto de responsabilidad patrimonial.
La exconductora de televisión fue condenada a pagar la cantidad de $95,000 en concepto de responsabilidad civil, tras haber sido encontrada culpable de encubrimiento de corrupción.