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lunes, 20 de septiembre del 2021

Fiscalía presenta pruebas para pericias en caso “Trueque” o Centrum

Los generales David Munguía Payés y Atilio Benítez, ministros de Defensa durante los gobiernos del FMLN Y ARENA son investigados por los cambios hechos a un contrato de permuta de armas obsoletas que tenía la citada cartera de Estado.

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El Juzgado Quinto de San Salvador recibió la documentación que debe ser analizada por los peritos, que han nombrados por el tribunal de justicia para que conozcan el caso “Trueque” o Centrum, en el cual son acusados los exministros de la Defensa Nacional, David Munguía Payés y Atilio Benítez de cometer los delitos de peculado y falsedad documental agravada, al entregar en permuta armamento al duelño de la empresa y expresidente del partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), Gustavo López Davidson, quien es también señalados por estos delitos.

“Esta entrega de documentación es para los peritos, quienes han sido nombrados para que revisen todo el proceso de contratación, de acuerdo a los puntos de pericia que con anterioridad fueron proporcionados por la FGR y por los defensores de los imputados”, indicó la fiscal del caso.

Los generales David Munguía Payés y Atilio Benítez, ministros de Defensa durante los gobiernos del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), son investigados por los cambios hechos a un contrato de permuta de armas obsoletas que tenía la citada cartera de Estado y que fueron entregadas en la empresa Centrum, propiedad del expresidente de ARENA, Gustavo López.

De acuerdo a las autoridades Fiscalía General de la República (FGR), el daño al estado asciende a $US2,051,893.00. y que habría sido cometido en el periodo de en el periodo de 2013 a 2016.

Los fiscales se mostraron en descontento con la resolución del juez, ya que aseguraron que existen evidencias para que los señalados hubieran sido enviados a detención provisional.

“El armamento es totalmente funcional, no hablemos de la edad, no eran pedazos, no eran piezas las que se estaban vendiendo, no era material inservible, era armamento completamente funcional, se evidencia una intención clara de defraudar al Estado. Totalmente. Hubo la intención de hacer un negocio que iba a beneficiarlos y afectar al Estado”, explicó en su momento el otrora fiscal General de la República, Raúl Melara.

Según las autoridades, este negocio habría registrado problemas en junio de 2016, debido a que aseguran que Defensa entregó equipo usado pero en buen estado pero Centrum habría entregado armas nuevas que no servían.

Sin embargo, esta presunta irregularidad pasó en el silencio durante seis años, hasta que el mandatario salvadoreño, Nayib Bukele, destapó el caso y giró órdenes al ministro, Francis Merino Monroy, de interponer una denuncia en la Fiscalía General de la República (FGR).

Por lo tanto, el ministro presentó el 8 de noviembre a la FGR una denuncia en contra de López Davidson por los delitos de presunto hurto de armas de la institución castrense y por estafa agravada.

“Si bien el contrato se firmó en junio del 2013, las armas fueron recibidas tres años después y cuyo monto supera los dos millones de dólares”, indicó Merino Monroy en esa ocasión, sin dar mayores detalles sobre el tipo de armamento que formaba parte de la unidad de artillería, entre ellos dos obuses.

Por su parte el ministro de Seguridad, Rogelio Rivas, aseguró que la población debe tener claro que “no descansaremos hasta que quienes hayan obrado contra los intereses de la patria paguen por sus delitos. Sea quien sea. Hemos venido a cambiar la historia y a luchar por el pueblo salvadoreño”.

Esta permuta de armamento firmada fue firmada por la entidad castrense dirigida en ese tiempo por David Munguía Payes y representantes de la empresa Centrum, dirigida por López Davidson.

Según las autoridades, Defensa entregó equipo usado pero en buen estado pero Centrum habría entregado armas nuevas que no servían.

En este sentido, el gobierno dijo que consideran que hubo cosas anormales en dicho cambio, porque el armamento que se recibieron no funcionaba. Por lo tanto, explicó que el que usan en el Plan Control Territorial tendría buena aplicación, porque es un armamento pequeño.

Ante este caso, el Gobierno siguió investigando encontrando evidencia de más ilícitos en contra de la Defensa Nacional, los que los motivó a sumar los delitos de delitos de estafa, cohecho, falsedad material, evasión de impuestos y tráfico de armas.

Es por esta razón, que el asesor jurídico de la presidencia, Javier Argueta, se desplazó anteriormente a la Fiscalía General de la República (FGR) a interponer estos nuevos cargos, para que se sumen a la investigación que hace el Ministerio Público.

Detalló que en estos documentos se hace constar que el proceso de permuta de armamento que el Gobierno anterior realizó con la empresa Centrum “está viciado” desde que se inició en 2013.

“Estamos ante un caso de engaño sistemático; la autorización de la venta de armas fue ilegal y hay posibilidad de que exista un tráfico de armas que deberá de ser investigado por la Fiscalía General”, apuntó Argueta.

El asesor detalló que al revisar el contrato y las facturas de la transacción de las armas, se detectaron una serie de irregularidades como enmiendas que fueron hechas de manera informal, además los documentos estaban hechos a máquina de escribir y tenían tachaduras.

Argueta expuso que, en esta operación, el precio por unidad del armamento involucrado pasó de valer $480 a $280 y por último a $42. Indicó que esto refleja una clara manipulación de la comisión que fijó los montos, lo cual evidencia una posible evasión de impuestos.

“Hay que destacar que el Gobierno del presidente Nayib Bukele puso a disposición de la Fiscalía General de la República un abogado querellante para robustecer la denuncia y colaborar con los peritos que se encargarán de indagar sobre las pruebas físicas presentadas”, indicó.

“Así es como nuestro “sistema de justicia” trata a los traficantes de armas y saqueadores del Estado: “Vayan a su casa, seguirán el proceso en libertad”. Pero si hubieran robado una gallina, esperarían 6 meses solo para tener audiencia, para luego pasar años en prisión…”, reaccionó el presidente Bukele por la medida del juez.

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Carlos Francisco Hernández
Periodista y redactor de ContraPunto. Especialista en temas políticos, sociales y judiciales
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