La Cámara Primera de lo Penal resolvió que el expresidente Alfredo Cristiani no fue juzgado en España por la masacre de la UCA, por lo que rechazó el argumento de la defensa sobre un supuesto doble juzgamiento y confirmó que el proceso penal en El Salvador debe continuar.
Zarko Pinkas | Más de tres décadas después de la masacre en la UCA, el tiempo judicial vuelve a moverse. No con prisa, sino con esa lentitud densa con la que avanzan los casos que nunca terminan de irse.
La Policía Nacional Civil informó sobre la captura de José Ricardo Romero Chávez, de 37 años, y Cecilia Elizabeth Palacios, de la misma edad, acusados de quitarle la vida a una persona por motivos pasionales.
$150 millones habrían sido eludidos en el pago de impuestos. El dato refiere a 167 avisos sobre presunta evasión de impuestos, señalados por el Ministerio de Hacienda a la FGR.
La Comisiónde Justicia y Derechos Humanos elaboró un dictamen para que se modifique el artículo 13 de la Ley Especial de Ocursos de Gracia, que refiere a amnistía, indulto y la conmutación de penas. Es decir, un perdón o gracia de la condena impuesta por sentencia firme ejecutoriada.
La Droguería Americana hace efectivo el pago de la multa 4 años después de la imposición de la misma; mientras que, la sanción económica impuesta a C. Imberton se encuentra aún pendiente de pago debido a una medida cautelar.
Supuestamente, los acusados facilitaron que casos de posesión y tenencia de droga, robos en altamar, hurto de mercadería al interior de CEPA y extorsiones para la Mara Salvatrucha.
La Fiscalía General de la República, acusa a 19 personas, entre ellos a nueve exfuncionarios del gobierno de Salvador Sánchez Cerén; de haber creado una red para desviar $14 millones de las tiendas institucionales de los centros penales a través de la Asociación Yo Cambio.
Los hechos se estuvieron dando hasta el año 2018, en la administración de los gobiernos anteriores, según informó el ministerio público al presentar la acusación formal.
El militar quien, según la CIA, lideró la masacre de al menos 200 campesinos en la zona Norte de San Vicente, pero terminó tras las rejas por meterse con fondos públicos al estilo del mafioso, Al Capone.
La Fiscalía General de la República (FGR) indicó que hay prueba suficiente para llevar a jucio al hombre por el asesinato de la exfuncionaria de izquierda, pero no se brindaron detalles del hecho.
Lara, además de ministro fue diputado del FMLN, y su caso al ser conocido en Corte Plena, 11 magistrados votaron para que el expediente se enviara a la Cámara Primera de lo Civil de San Salvador.
El exfuncionario municipal culpó a sus abogados y los señaló de haberle ejercido una «pésima defensa» para que el juez le otorgara medidas alternas a la detención.