La Unidad Anticorrupción de la Fiscalía General de la República presentó en la Cámara Primero de lo Civil de San Salvador, la demanda civil por supuesto enriquecimiento ilícito en contra de Benito Lara, en su calidad de exdiputado del FMLN y exministro de Justicia y Seguridad en el gobierno de Mauricio Funes.
El ministerio público también incluye a su esposa, Ana Emilia Zelaya de Lara y su hija Ileana Briseida Lara Campos. Los tres son señalados de enriquecerse ilícitamente con un monto de US$201 mil 874.
En el caso de Lara, como diputado propietario de la Asamblea Legislativa, en el período comprendido del 1 de mayo de 2009 al 30 de abril de 2012, no justificó US$33 mil 989, según le detectaron en 14 irregularidades en concepto de depósitos bancarios.
Se detalla que en el segundo período como diputado del del 1 de mayo de 2012 al 30 de mayo de 2014, no desvaneció ante la Sección de Probidad dos irregularidades por la cantidad de $16,900 en concepto de adquisición de vehículos y resultado negativo entre los ingresos y los gastos US$53 mil 751.
En su calidad de ministro de Justicia y Seguridad en el período del 1 de junio de 2014 al 20 de enero de 2016, le detectaron una irregularidad consistente en resultado negativo entre los ingresos y gastos por un monto de US$26 mil 930; por lo que según la Fiscalía se enriqueció ilícitamente con una cantidad de US$131 mil 571.
A Ana Emilia Zelaya de Lara, le atribuyen, la no justificación de dos irregularidades entre el 1 de mayo de 2009 al 30 de abril de 2012, en concepto de depósitos bancarios realizados en efectivo en cuenta de ahorro y adquisición de vehículo, desconociendo su origen, por la cantidad de $2,000.
Mientras que Ileana Briseida Lara Campos, fue demandada por no poder justificar dos irregularidades en concepto de adquisición de dos vehículos desconociendo su origen, por la suma de US$68 mil 302, durante el período comprendido del 1 de mayo de 2012 al 30 de mayo de 2014, en el que su padre se desempeñó como diputado.
El proceso es iniciado tras una resolución de Corte Plena en la cual los magistrados ordenaron enjuiciarlo civilmente luego de conocer un informe de la Sección de Probidad.
En la indagación que hizo Probidad y que hoy es certificada por la Fiscalía ante la cámara se determinó que Lara y sus parientes registraron un incremento patrimonial no justificado por un monto de más US$201 mil, dinero que deben devolver al Estado, según la pretensión que plasman los fiscales en la demanda interpuesta.
En la información encontrada en la declaración de patrimonio que presentó Lara al culminar sus funciones, la Sección de Probidad detectó una serie de irregularidades.
El juicio civil promovido por la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía General de la República es con bade en la Ley de Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos vigente desde 1959 donde se aplica un régimen sancionatorio que incluye multas para que se devuelva al Estado el dinero obtenido de forma indebida.
En la fase administrativa de investigación la Sección de Probidad revisó la documentación presentada y previno a Benito Lara para que subsanara las irregularidades, pero como no justificó la procedencia lícita del dinero el expediente pasó a instancia de Corte Plena donde fallaron en contra del exfuncionario.
