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Sigifredo Ochoa Pérez pasará 8 años en la cárcel por apropiarse de fondos públicos

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El militar quien, según la CIA, lideró la masacre de al menos 200 campesinos en la zona Norte de San Vicente, pero terminó tras las rejas por meterse con fondos públicos al estilo del mafioso, Al Capone.

El militar -en retiro- y político salvadoreño, Sigifredo Ochoa Pérez, recibió una condena de 8 años de cárcel por el delito de peculado, el cual fue cometido durante la administración del expresidente Antonio Saca y Mauricio Funes (2004-2009), periodo en el cual fungió como embajador en Honduras, según decretó el Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador.

La acusación de la Fiscalía General de la República (FGR), se basa en que Ochoa Pérez y el exministro consejero en ese país, Walter Alfredo Anaya, elaboraron dos contratos de arrendamiento que ascendían a US$107 mil, para poder alquilar una casa donde funcionó la embajada salvadoreña en tierras catrachas.

El primer contrato que ascendía a un costo mensual de US$3 mil, en concepto de arrendamiento del inmueble durante el periodo que Ochoa Pérez, fue enviado al Ministerio de Relaciones Exteriores. Mientras tanto, el que ascendía a US$2 mil 200 fue entregada a la dueña de la casa identificada como: Soledad Funes de Ramírez.

Por lo tanto, entre los US$ 3 mil y US$2 mil 200 había un excedente de US$800, los cuales se apropiaba el diplomático y que los usaba con fines personales.

“Hemos conocido un caso de corrupción pública que se comete por abuso del poder de un funcionario en beneficio personal”, reflexionó el juez previo a revelar su fallo.

Cuando dejó de ser embajador, el dinero lo siguió recibiendo Anaya, según afirmó la Fiscalía.

“Los indicios indican que $800 fueron entregados a su persona durante 48 meses ($38,450) y tres meses recibió $880 que sumaron $2,640 para totalizar $41,040”, calculó el juez.

El tribunal manifestó que aunque no hubo una prueba directa, la investigación que hizo la Fiscalía General de la República señaló como responsable del ilícito al exembajador Ochoa Pérez.

“Los testigos fueron claros, precisos, creíbles y coherentes. En todo momento confirmaron que a él le entregaron el dinero (adicional del alquiler)”, aseveró.

La irregularidad fue advertida por el exembajador Juan José Figueroa Tenas, en el 2015 cuando asumió la embajada en en territorio catracho.

Ochoa Pérez no devolvió los US$41,040 que se apropió del Estado, porqu Funes de Ramírez asumió el pago de los fondos en disputa.

“Que me había robado $41, 000, cosa que no es cierto, nunca he recibido un centavo de nadie, es una persecución política del Fmln”, dijo Ochoa Pérez, mientras esperaba la audiencia preliminar en el juzgado Segundo de Instrucción en mayo del 2018.

Anteriormente, Ochoa Pérez había solicitado un procedimiento abreviado, de tal forma, aceptaría ser culpable para recibir una sentencia menor.

El abogado Jerónimo de Jesús Jovel, uno de los defensores de Ochoa Pérez, afirmó que va apelar el fallo judicial y espera que un tribunal superior ponga en libertad a su cliente. El condenado está en las condiciones de salud óptimas, para que pueda asumir su condena.

Según un cable desclasificado de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de los Estados Unidos, el coronel fue el comandante que lideró un operativo militar realizado en agosto de 1982, en la zona norte de San Vicente, y que culminó con una masacre de alrededor de 200 campesinos, hombres, mujeres y niños.

Conocida como la masacre de El Calabozo, por el lugar en el que fueron asesinadas las víctimas (riberas del río Amatitán), la Comisión de la Verdad reportó en su informe de 1993, en el capítulo “masacres de campesinos”, que quienes huyeron del operativo militar fueron “capturados, agrupados y ametrallados”.

Más de 35 años después, informaciones recabadas por el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Washington (UWCHR, por sus siglas in inglés) hablan de que posterior a la matanza, el ejército intentó ocultarla.

Pero fue hasta meterse con fondos públicos, que el exfuncionario verá la cárcel en sus últimos años de vida, este caso similar al del mafioso estadounidense, Al Capone, quien no fue condenado por múltiples asesinatos que lideró para echar sus negocios sucios sino por la evasión de impuestos.

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Carlos Francisco Hernández
Carlos Francisco Hernández
Periodista y redactor de ContraPunto. Especialista en temas políticos, sociales y judiciales
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