Los nueve ex y empleados de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA) acusados de supuestamente formar parte de una estructura de corrupción en el Acajutla, Sonsonate, fueron enviados por el Juzgado Especializado de Instrucción de Santa Ana a fase de instrucción con detención provisional.
Estas personas son acusadas de cohecho activo, negociaciones ilícitas, falsedad ideológica, uso de documentos falsos y agrupaciones ilícitas, al interior de la institución para beneficiar a estructuras criminales, pasen a la etapa de Instrucción (investigación) con la medida de detención provisional.
Según los señalamientos de la Fiscalía General de la República (FGR), los acusados son Emérito de Jesús Velásquez, exgerente general de CEPA, Roberto de Jesús Mendoza Recinos (Gerente) Juan Carlos Deras Tobar (Gerente), Daniel Enrique Vides (Jefe de Recursos Humanos), David Melquisedec Castillo Flores, secretario del Sindicato de los Trabajadores de la Industria Portuaria de El Salvador (STIPES); José Antonio Rodas, empleado de la alcaldía de Colón, en la Libertad; Manuel Enrique Peña Durán, empresario de Transportes Peña, así como también René Mancía y José Andrés Ortega Mejía. Todos ellos estuvieron presentes en la diligencia judicial.
Mientras que en los penales intimaron a los siguientes pandilleros: Marcos Obdulio Flores Rivas, José Ovidio Lemus Rodríguez, Marcos Odulio Flores de la O, Walter Jeovany Alas y Douglas Esaú Escobar Sanabria.
Según el ministerio público, el exgerente de CEPA, Emérito de Jesús Velásquez, habilitó una gran cantidad de plazas durante las administraciones pasadas, hasta el 2018, al interior de CEPA para beneficiar a miembros de la Mara Salvatrucha.
“Una clica de la MS-13 es responsable de varios casos de posesión y tenencia de droga, robos en altamar, hurto de mercadería al interior de CEPA y extorsiones, a cambio del otorgamiento de plazas al interior de la autónoma”, indicó la Fiscalía.
La investigación comienza cuando un informante alertó que dentro de CEPA Acajutla, se estaban dando una serie de hechos.
“Más que todo la corrupción y el ingreso de pandilleros de la Mara Salvatrucha que estaban ingresando a laborar ahí, de la Mara Salvatrucha de la ala de Ahuachapán”, explicó la representante de la Fiscalía al momento de presentar la acusación.
Se estableció que uno de los cabecillas de esa estructura a través de un contacto que tenía dentro de CEPA Acajutla, lograba que se contrataran a mareros y sus familiares.
El Puerto de Acajutla es la principal terminal marítima de El Salvador. El año pasado movilizó un total de 5,5 millones de toneladas métricas, tanto de exportación como de importación, un incremento anual del 11,72%.
Según estadísticas de CEPA, Acajutla atendió 562 buques el año pasado. El 40,5% de los barcos fueron de tipo portacontenedores, los cuales transportaron 2,2 millones de toneladas métricas.
El Salvador mantiene en vigor un Régimen de Excepción para combatir a los pandilleros. Al 20 de junio, las fuerzas de seguridad han apresado a unos 41.346 presuntos pandilleros, informó la Policía Nacional Civil.
Caso Melquisedec Castillo
David Melquisedec Castillo Flores, secretario del Sindicato de los Trabajadores de la Industria Portuaria de El Salvador (STIPES), fue detenido por el brazo armado del gobierno como parte de las acciones correspondiente al estado de excepción.
El hecho ocurrido en junio de este año, se registró producto a que el sindicalistas fue señalado por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) de ser sospechoso de formar parte de estructuras criminales.
La aprehensión generó molestias entre los sindicalistas, quienes pidieron al gobierno su pronta liberación, la cual fue concedida días después al no lograrle comprobar pertenencia a estructuras criminales y por la campaña de redes sociales.
Tras conseguir salir de bartolinas, ni los sindicatos ni Castillo Flores brindaron más detalles de lo sucedido y fue hasta en este juicio que se supo que nuevamente se encuentra capturado y procesado.
