lunes, 13 mayo 2024

Diputados excluirían de indulto a condenados por corrupción, organizaciones terroristas y crímenes de guerra

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Redacción ContraPunto

Diputados de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, luego de revisas varios expedientes judiciales, emitieron un dictamen favorable para reformar la Ley Especial de Ocursos de Gracia (diversos tipos de gracias a condenados por crímenes graves). 

El objetivo del estudio era excluir a personas que estén condenadas por delitos relativos a actos de corrupción, organizaciones terroristas, maras o pandillas, crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad para que no puedan optar por indultos, es decir, de un perdón o gracia de la condena impuesta por sentencia firme ejecutoriada.

Los convenios internacionales -interamericanos y universales- prohíben amnistiar o prescribir delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra como los que ocurrieron durante la parada guerra civil (1980-1992), incluso delitos cometidos de antes de la contienda armada, tales como masacres, asesinatos selectivos y sistemáticos contra población civil sistemática o disidentes; desapariciones y torturas entre otros.

Los legisladores reformaría el artículo 13 de la ley antes mencionada -aprobada el 15 de octubre de 1998- y se incorporaría a esta el artículo 13-A, en donde se plasman estos delitos que causan un impacto social a las víctimas y a la sociedad en general.

Con esta reforma vamos a reducir el catálogo de delitos que podrán ser indultados. Únicamente podrán ser objeto del estudio para la gracia del indulto, aquellos delitos considerados como menos graves para la sociedad”, comentó el legislador Samuel Martínez.

Además, la modificación de la normativa establece que ahora los delitos cometidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones, los acusados por feminicidio, tanto simple como agravado, no podrán ser indultados.

De ser aplicada la modificación se evitaría que la figura del indulto se pueda utilizar para proteger o liberar a personas que hayan cometidos hechos graves, socavando la perspectivas de construir sociedades justas.

“Ahora, damos la certeza que todas esas estructuras criminales ya no podrán solicitar un indulto. Estamos en consonancia con el Ejecutivo en el ataque frontal que se está haciendo contra las pandillas”, dijo el diputado Walter Coto.

Comisión negó indulto a coronel condenado por la masacre de jesuitas

Ejemplo de las abundantes peticiones de indulto que ha recibido la comisión es el que buscaba el coronel Guillermo Benavides, uno de los autores intelectuales de la masacre de los Jesuitas, tras haberse declarado inconstitucional la Ley de Amnistía en 2016; sus abogados acudieron a esta Asamblea Legislativa en busca del indulto, según consta en el documento emitido por el Legislativo.

Ante esto, el 15 de noviembre de 2021, los diputados que integran esta mesa de trabajo dictaminaron desfavorablemente a la petición de indulto en favor de Benavides.

“Estamos enviando un claro mensaje a la sociedad, quien cometa un delito grave deberá pagarlo con cárcel y no podrán ser objeto de indulto”, explicó el legislador Jorge Castro.

Benavides fue condenado a 30 años de prisión por la masacre de seis jesuitas —cinco de ellos españoles — y dos mujeres. Este hecho violento fue cometido en las instalaciones de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), el 16 de noviembre de 1989.

Caso en los que testimonios y documentos vinculan al expresidente Alfredo Cristiani (1989-1994) del partido ARENA, ya que él era el Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, en ese entonces. La Comisión de la Verdad y la Audiencia Nacional de España también señalaron al exdiputado Rodolfo Parker de alterar las pruebas de la masacre en un intento por proteger a los responsables.

“Estamos adecuando la normativa a los derechos humanos. Antes, hacían leyes para proteger y salvaguardar intereses de los políticos corruptos”, expresó el diputado Coto.

En España está condenado a más de 130 años de cárcel el coronel Inocente Montano, quien fue deportado de Estados Unidos para ser juzgado en Madrid por la llamada Masacre de la Universidad Centroamericana (UCA); el 16 de noviembre de 1989, cuando fueron asesinatos a quemarropa 6 sacerdotes jesuitas y dos mujeres, una de ellas menor de edad.

El día 16 de noviembre de 1989 seis sacerdotes de la Compañía de Jesús y dos empleadas domésticas son asesinados dentro del campus de la UCA, estos fueron colocados boca abajo, mientras eran ejecutados, según los testigos del crimen. Entre los asesinados estaba el filósofo y rector de la UCA, Ignacio Ellacuría.

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