El Juzgado de Paz de La Libertad ordenó inmovilizar 92 posesiones materiales (15 vehículos y 77 inmuebles) del exalcalde de ese municipio, Miguel Ángel Jiménez Aguilera, quien es procesado por el delito de peculado.
El juez ordenó arresto domiciliar para Jiménez Aguilera y para el notario Óscar Humberto Duarte Jaime, al finalizar la audiencia inicial. Además, deben portar brazaletes electrónicos y pagar una fianza de US$51,000 cada uno.
Mientras que para el exsecretario Roberto Carlos García Girón, el juzgado giró una orden de captura internacional.
El pasado lunes, la Fiscalía acusó a Jiménez Aguilera, García Girón y Duarte Jaime por el desvío de US$101,700 de los fondos de la municipalidad, entre los años 2015 y 2018. El último imputado dirigía H&D Servicios Empresariales, empresa donde fueron a parar los fondos, según Fiscalía.
De acuerdo con el requerimiento fiscal, a las tres personas se les imputará los delitos de peculado, falsedad documental agravado y uso de documentos falsos.
La acusación fiscal indica que los sujetos desviaron US$101,700.00 de la alcaldía municipal del Puerto de La Libertad, durante el 2015 al 2018. El Ministerio Público ha solicitado que se decrete prisión provisional para los tres acusados.
Los hechos por los cuales era señalado Jiménez ocurrieron en 2017 cuando, junto a su exsecretario, contrataron los servicios de una consultoría financiera por un monto de US$101,700 para «poner en orden» la contabilidad de la comuna, pues era un requisito para obtener un préstamo de $9 millones que supuestamente serían destinados para proyectos.
Martínez explicó que dicha consultoría fue ilegal porque ni siquiera fue aprobada por los integrantes del Concejo Municipal, no obstante, para dar trámite a la documentación fueron falsificados los acuerdos 3-A y 3-B del acta 25 con fecha 12 de junio de 2017.
Ya para junio del año pasado, el actual alcalde de esa localidad, Adelio Ortiz presentó un aviso y una denuncia ante la FGR por irregularidades en la comuna realizadas por la administración del exalcalde Jiménez.
Según el edil durante las administraciones anteriores se cometieron los delitos de peculado y malversación de fondos al adquirir maquinaria, vehículos y contratar servicios telefónicos por un monto aproximado de $90,000.
“Con respecto a las líneas telefónicas la deuda es por un aproximado de $46,000, un cobro de $19,000 por los aparatos de las líneas telefónicas y $25,000 por la maquinaria”, aseguró Ortiz en esa ocasión.
Agregó que las maquinarias se encontraron sin su respectivo mantenimiento, sin motor y algunas con piezas faltantes.
