Por Redacción ContraPunto
Este martes se desarrolla la audiencia única en contra de 124 presuntos integrantes de la pandilla Barrio 18, procesados por el...
La Cámara Primera de lo Penal resolvió que el expresidente Alfredo Cristiani no fue juzgado en España por la masacre de la UCA, por lo que rechazó el argumento de la defensa sobre un supuesto doble juzgamiento y confirmó que el proceso penal en El Salvador debe continuar.
Zarko Pinkas | Más de tres décadas después de la masacre en la UCA, el tiempo judicial vuelve a moverse. No con prisa, sino con esa lentitud densa con la que avanzan los casos que nunca terminan de irse.
El procurador asegura que esta situación que es reprochable desde toda óptica, porque no se está garantizando el respeto a los derechos humanos, más aun viéndolo desde el enfoque de género.
Las organizaciones aseguraron que ha sido largo el camino que han tenido que recorrer, para alcanzar justicia y verdad en el caso de la masacre realizada en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), por efectivos del batallón Atlacatl.
Los sujetos pertenecían a una red de estafadores que cobraban cientos de dólares a personas a quienes ofrecían las visas canadienses de trabajo, las cuales nunca entregaron.
Ángel Juárez demanda por “el deficiente funcionamiento de los servicios públicos asistencial y de salud”. La madre de Juárez que falleció tras infectarse en una residencia de Barcelona. Se exige una compensación de 151.000 euros
Los registros con prevención de allanamiento y capturas fueron efectuados por agentes de la DECO-PNC; se logró incautar abundante evidencia como dinero en efectivo de procedencia ilícita, teléfonos celulares y vehículos automotores”
Sala indica que el legislativo debería emitir una ley, con todo lo que la Constitución ordena para su formación, para que se puedan ejecutar órdenes, pero sin que se vulnere el marco constitucional
El juzgado penitenciario realizó una audiencia para analizar si el exfuncionario cumple los requisitos, que le facultarían dejar la cárcel antes de cumplir la condena, lo que incluía el reintegro de más de $8 millones de fondos públicos.
el sistema judicial salvadoreño indicó que se les vulneró sus derechos constitucionales e integridad física, por lo que se encuentran retenidas sin definir su situación jurídica.