El expresidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes, logró conseguir un asilo político en México, pese a que en el territorio cuscatleco es perseguido por liderar una estructura que habría malversado al menos $6 millones provenientes de fondos públicos.
Esta información surge el 6 de marzo, fecha en la cual la sucursal salvadoreña de la Policía Internacional (INTERPOL) solicita información a su homóloga azteca. Ante esto, la oficina mexicana aceptó que el político salvadoreño se encontraba en esa nación pero en calidad de protección diplomática.
Ante esto, los policías salvadoreños explicaron que buscaban a Reyes, porque tiene cuentas pendientes con los tribunales cuscatlecos al ser señalado de cometer los delitos de apropiación de fondos legislativos, estafa al Estado en la compraventa de lotes y lavado de dinero.
Sin embargo, los norteamericanos esgrimieron que no podían dar esa información porque Reyes se encuentra amparado bajo la Ley de Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político no permite brindar ningún tipo de datos.
Por lo tanto, la Interpol la única alternativa que tuvo notificar al juzgado Quinto de Instrucción de San Salvador sobre había sucedido.
“El fugitivo de la justicia salvadoreña cuenta con el estatus jurídico de asilo político en ese país”, indica la misiva enviada por la Interpol.
El expresidente del Organismo Promotor de Exportaciones e Inversiones de El Salvador (PROESA) tiene al menos dos juicios abiertos en su contra.
El primer caso es ventilado en la Cámara Segunda de lo Civil de la Primera Sección del Centro de San Salvador, por el delito de enriquecimiento ilícito.
En este proceso, la Fiscalía General de la República (FGR) lo acusa de no poder justificar $459,714.04 en sus ingresos declarados ante la sección de Probidad de Corte Suprema de Justicia (CSJ), durante su periodo de parlamentario (2009-2015).
Al analizar el documento, las autoridades han detectado ocho irregularidades correspondientes a depósitos bancarios, inversión en compra de vehículos y adquisición de un inmueble en Eco Residencial Las Violetas, así como otra detectada en el manejo de viáticos por viajes.
Mientras el segundo se llevaba el Juzgado Quinto de Instrucción de San Salvador, donde se acusa a Reyes de presuntamente liderar una red de corrupción, en ese juicio es procesado por cometer los delitos de apropiación de fondos legislativos, estafa al Estado en la compraventa de lotes y lavado de dinero.
Por lo tanto, el Ministerio Público le señala haber liderado una red que malversó un total de $6 millones y cometido una serie de irregularidades de en el Parlamento Salvadoreño.
Pero Sidney Blanco, juez Quinto de Instrucción, prefirió desconocer el proceso penal contra por haber sido uno de los magistrados de la Sala de lo Constitucional que coordinó la Comisión de Ética y Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y conoció en fase administrativa la investigación del patrimonio de Reyes en su época como diputado del FMLN.
Por lo que el desarrollo de este caso, se encuentra en pausa para analizar que juzgado puede conocerlo.
