Representantes de diferentes organizaciones que aglutinan a victimas del conflicto armado, expresaron su satisfacción por el trabajo que se está realizando en España, en donde ha sido sentado en el banquillo de los acusados uno de los presuntos participantes de la ejecución de los sacerdotes jesuitas y dos colaboradoras en la madrugada del 16 noviembre de 1989.
“Esto es resultado de un esfuerzo inicial cuyas conversaciones y gestiones arrancaron en el 2006 hasta la presentación de la respectiva querella el 13 de noviembre del 2008. Ello, luego de que el sistema salvadoreño realizara un juicio fraudulento en 1990 y 1991; después, a finales del 2000 se intentó procesar contra viento y marea a los militares de alto rango acusados de la autoría intelectual de la matanza y a su comandante general ‒Alfredo Cristiani‒ por encubrimiento, pero igual dicho sistema también los favoreció”, indicaron las organizaciones mediante un comunicado.
En este sentido, aseguraron que ha sido largo el camino que han tenido que recorrer, para alcanzar justicia y verdad en el caso de la masacre realizada en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), por efectivos del batallón Atlacatl.
“Hoy vemos con satisfacción a uno de esos imputados, impune acá, a punto de ser condenado allá. Eso es fruto de la incansable lucha de la familia del sacerdote Ignacio Martín-Baró, de los bufetes internacionales que la han acompañado y del Laboratorio de Investigación y Acción Social contra la Impunidad (LIASCI) en El Salvador”, expresaron.
Agregaron, que se logró vencer a la “justicia” nacional que se mantuvo inamovible en su afán por proteger a estos últimos responsables, los imprescindibles, de tan condenable matanza; además, los únicos dos condenados y prisioneros en el citado juicio fraudulento ‒”chivos expiatorios” sacrificados para ello‒ fueron liberados después de aprobada una inconstitucional e ilegal amnistía el 20 de marzo de 1993.
A su criterio aseguraron que el seguimiento de este juicio es de vital importancia para el resto de víctimas salvadoreñas, pues su resultado debe impactar profunda y positivamente sus legítimas batallas por lograr verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición de las atrocidades cometidas antes y durante la guerra, sin importar el bando responsable.
“Por eso continuaremos combatiendo la impunidad que aún cubre masacres, asesinatos, desapariciones forzadas, detenciones ilegales, torturas y demás. Y por eso exhortamos a víctimas sobrevivientes y familiares de víctimas, a denunciar sus casos en la Fiscalía General de la República y exigir al Estado que asuma su responsabilidad aprobando una legislación pertinente y cumpliéndola adecuadamente; asimismo, debe entregar los archivos militares e impulsar un programa integral de memoria histórica. El Frente Farabundo Martí para la Liberación, por sus crímenes, también debe actuar en consonancia”, concluyeron la organizaciones Víctimas Demandantes, Laboratorio de Investigación y Acción Social contra la Impunidad (LIASCI), Excombatientes por la Democracia y Fundación Roque Dalton.
