Los cercos sanitarios para combatir el COVID-19 que no esté apegados a los parámetros establecidos en el Código de Salud, deberán ser suspendidos según las órdenes de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.
En ese sentido, los magistrados indicaron que el gobierno central y a las municipalidades “deben de ajustar su accionar para combatir la pandemia del COVID – 19, estrictamente a los parámetros establecidos en los artículos 139 del Código de Salud y al 2 letra b del decreto legislativo que contiene el Estado de Emergencia Nacional por la pandemia del COVID 19 “.
La resolución es parte de dos Hábeas Corpus que la Sala admitió a favor de los habitantes del Puerto de La Libertad, Nuevo Cuscatlán, Ayutuxtepeque, Metapán, Colón, San Pedro Masahuat, Santa Cruz Michapa y San Salvador.
En estos municipios, las autoridades municipales replicaron el “cordón sanitario” que el gobierno impuso por 48 horas en el Puerto de La Libertad, el 17 de abril pasado
Señalan además que esos cercos se basan en el decreto ejecutivo #19 y no en una ley aprobada por la Asamblea Legislativa.
Además, consideran que “no se advierte una medida encaminada a resguardar la salud de las personas”.
Agregan que constituyó “un cerco militar donde se restringieron derechos humanos como la libertad física, ambulatoria y de circulación de las personas”.
Los demandantes argumentan que se trató de “una medida excesiva, ilegal e inconstitucional, pues no hay evidencia objetiva que demuestre una contaminación o infección masiva que haya justificado dicha medida distinta a la aplicada en el país”.
Por su parte, el excoordinador general del FMLN, Fabio Castillo, mostró su descontento respecto a la cuarentena domiciliar, debido a que consideró que el gobierno ha invertido la pirámide jurídica al mantener esta medida mediante el único respaldo de los decretos ejecutivos, obviando el sustento jurídico de las leyes y decretos legislativos que deben fundamentarlos y que la Sala de lo Constitucional ha ordenado legislar.
“Ahí tenemos una inversión de lo que los abogados llamamos la pirámide jurídica: el soldado en un retén tiene más autoridad que la Asamblea Legislativa, que la Corte Suprema de Justicia, que la Sala de lo Constitucional. Eso, para un abogado, es indignante”, ejemplificó el ex coordinador del FMLN, en referencia a las detenciones que han hecho las autoridades a quien viola la cuarentena aún sin un respaldo de una ley como ha pedido la Corte Suprema de Justicia.
Calificó esa situación de “indignante” por la falta de ordenamiento jurídico de la República.
“No hay régimen de excepción pero mi consejo es no salga porque si los para un policía, pídale a Dios que les toque uno de los muchos buenos que hay, pero pueda que le toque uno que dijera: ‘mire, no me importa lo que dice la ley, tengo orden de detenerlo y si es necesario torcerle el brazo’, dijo.
