La Policía Internacional (INTERPOL) rechazó, este lunes, la petición de difusión roja que habría hecho el gobierno salvadoreño en contra del exministro de Obras Públicas, Gerson Martínez y exfuncionarios del FMLN, tras ser sospechosoa de formar parte de la supuesta red de corrupción que el exmandatario, Mauricio Funes, creara durante su administración entre los 2009-2014.
Por el caso denominado “Desfalco”, fueron capturados el 22 de julio durante un sorpresivo operativo: la exministra de Salud, Violeta Menjívar; la exministra de Ciencia y Tecnología, Herlinda Handal; el exdiputado y exviceministro de Trabajo, Calixto Mejía; Carlos Cáceres, ex ministro de Hacienda y Hugo Flores, exministro de Agricultura.
En este sentido, el gobierno salvadoreño había girado instrucciones para completar la ordenes de capturas del exministro de Agricultura, Guillermo López Suárez; exministro de Obras Públicas, Gerson Martínez; exministra de Medio Ambiente, Lina Pohl; el exministro de Seguridad, José Manuel Melgar y el vicepresidente de la República, Salvador Sánchez Cerén.
A finales de julio, la Fiscalía acusó formalmente a 10 exfuncionarios del gobierno de Mauricio Funes (2009-2014) por presuntamente haber recibido sobresueldos durante el tiempo en que ejercieron sus respectivos cargos.
Según la Fiscalía, los exfuncionarios de Funes se favorecieron con entregas de dinero ilegales entre el 2009-2014, los cuales fueron avalados por el exgobernante. La Unidad Especializada Contra el Lavado de Activos estableció que el monto estimado que habrían lavado es de US$2 millones 643 mil.
Sin embargo, la autoridades internacionales habrían rechazado la petición emitida por sus pares salvadoreñas, debido a que consideraron que el proceso es político y no judicial.
Por su parte, Martínez se proclamó como padre de la transparencia al promulgar a Ley de Acceso a Información Pública; ha recibido el estatus de refugiado por persecución política en el estado de México.
Con este panorama, las autoridades debían estudiar el caso y no se puede hacer una captura inmediata.
No es la primera vez que México otorga refugio a un alto cuadro del FMLN: En marzo del año pasado se conoció que ese gobierno había concedido asilo político al expresidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes, quien está acusado de mover seis millones de dólares en actividades ilícitas.
Mientras tanto el 30 de julio pasado, el gobierno de Nicaragua confirió ciudadanía a Sánchez Cerén, así como a su esposa, su hija y su nieto. De acuerdo con las normas internas de dicho país, ninguno de sus ciudadanos puede enfrentar extradición para enfrentar la justicia de otra nación.
Sánchez Cerén siguió así el ejemplo del expresidente Mauricio Funes, quien en 2016 recibió la ciudadanía nicaragüense de parte del régimen de Daniel Ortega. El exmandatario es requerido en El Salvador por al menos nueve procesos legales, la mayoría de ellos relacionados con casos de corrupción ocurridos en su gestión.
