El exministro de Seguridad y exdirector de la PNC, Mauricio Ramírez Landaverde, fue capturado en la tarde de este jueves producto a estar señalado de liderar una estructura que malversó los fondos obtenidos en ventas de diferentes artículos en las tiendas penitenciarias.
“Hemos capturado al exministro de Seguridad del gobierno del FMLN, Ramírez Landaverde por actos de corrupción. Durante años la seguridad de los salvadoreños fue un negocio para ellos, es hora de terminar con la impunidad de estos delincuentes de cuello blanco”, informó el ministro de Seguridad, Guillermo Villatoro.
De acuerdo a Villatoro, Ramírez Landaverde cometió los delitos de actos arbitrarios, peculado, cohecho impropio y falsedad ideológica.
Sin embargo, la cuenta de Twitter de la PNC reportó que solo es señalado de cometer peculado y actos arbitrarios, mientras prestó sus servicios en la administración presidencial de Salvador Sánchez Cerén.
Por su parte, el fiscal general de la República, Rodolfo Delgado, que la investigación que han realizado con la PNC, arroja suficientes indicios que confirman la participación del exfuncionario en el diseño de un mecanismo de desvío y uso discrecional de los recursos captados en las tiendas penitenciarias.
“Hoy, la FGR, demuestra una vez más, el compromiso en el combate contra la corrupción y la impunidad”, declaró Delgado.
Por un caso similar, los exdirectores de Centros Penales, Rodil Hernández y Nelson Rauda, fueron condenados a realizar trabajos de utilidad pública, esto en sustitución de la condena de dos años de prisión decretada por el Tribunal Quinto de Sentencia, el cual los encontró culpables de delito de actos arbitrarios mientras estuvieron al frente de la institución.
Tanto Hernández como Rauda, ejercieron los respectivos cargos durante la administración del partido FMLN, fueron condenados por cometer actos de corrupción en el manejo de las tiendas penitenciarias.
Ambos exdirectores fueron acusados por la Fiscalía General de la República (FGR) de no reportar todos los ingresos obtenidos en las tiendas entre el 2012 y 2014, en el gobierno del expresidente, Mauricio Funes.
Los jueces coincidieron que faltó más investigación y pruebas para establecer el delito de administración fraudulenta.
El tribunal fundamentó su sentencia condenatoria por el delito de actos arbitrarios en que los exdirectores hicieron uso de los fondos de las tiendas institucionales para pagar gastos por servicios de inteligencia, sobresueldos, bonificaciones y préstamos al personal, al no estar regulados en los manuales de funcionamiento de esas tiendas.
Los dos exdirectores fueron absueltos de toda responsabilidad civil, pese a que en pericia se demostró que habían manejado ilegalmente $208,000.
Este juicio fue realizado por orden de la Cámara Primera de lo Penal de San Salvador, ya que los dos exfuncionarios fueron exonerados por el Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador, el 24 de septiembre de 2019, pero la Fiscalía apeló argumentando una valoración parcializada de los jueces, porque sólo valoró la prueba que favorecía a los imputados y que se incurrió en falta, al ser insuficiente y contradictoria la fundamentación de la sentencia absolutoria.
