Los jueces de Segunda Instancia de San Francisco Gotera, Jorge Alberto Guzmán Urquilla, quien ve el caso de la masacre en El Mozote y el juez Sexto de instrucción, Roberto Arévalo Ortuño, ha presentado su renuncia luego de la entrada en vigencia de las reformas a la Ley de la Carrera Judicial, que el gobierno promovió y avalado por la Asamblea Legislativa.
La controversial medida afectará a 249 personas, quienes el sistema les aplicará el artículo 144 que indica que los jueces, empleados de la Fiscalía General de la República y magistrados que tengan 60 años de edad o 30 años de trabajo deberán ser removidos, esto sin previa evaluación de sus capacidades.
El primero en hacer el anuncio fue Guzmán, presentó el 23 de septiembre su renuncia ante la Corte Suprema de Justicia, por lo tanto dejará de prestar sus servicios este 26 de septiembre.
Para anular esta decisión, el juez indicó que hay dos excepciones: la primera es que no se lleve a acabo la ejecución del decreto 144 y que la Corte Interamericana de Derechos Humanos emita medidas cautelares, en relación al proceso de la masacre de El Mozote y lugares aledaños, que la Corte IDH ya ha juzgado.
Guzmán reiteró que el decreto es inconstitucional por contradecir el artículo 133 de la Constitución que da iniciativa de ley en materias relativas al órgano Judicial solamente a la Corte Suprema, y -al haber surgido desde la Asamblea- violenta los principios de independencia de poderes, así como la independencia judicial, estabilidad laboral y protección de la familia.
La Corte emitió un comunicado el miércoles en el que pide la renuncia de los jueces contemplados en el referido decreto y dice que habrá una “excepción” para los “casos cuya relevancia histórica y precedente a la reparación de víctimas de crímenes de lesa humanidad estén abiertos en la actualidad”.
Sin embargo, Guzmán explicó que “todo reglamento, instructivo o acuerdo que de la Corte Plena que pretenda darle operatividad al referido decreto, hereda ese vicio de inconstitucionalidad” y las disposiciones tomadas en el Acuerdo de Corte Plena y el comunicado en el que indican que no separarán a Guzmán de su cargo, contravienen el mismo decreto que no contempla la renuncia de jueces, la indemnización por retiro, ni excepciones al retiro por conocimiento de casos relacionados a delitos de lesa humanidad”.
Guzmán expuso que las víctimas del caso El Mozote “verán como tantas veces dilatado su peregrinar a la justicia” y señaló que “el respeto absoluto e inexcusable a la Constitución de este país” es “una lucha tan importante como su caso”. “Si no se respeta la Constitución, no hay nada más que respetar”
Quien tiene la potestad de declarar inconstitucional el decreto es la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ); sin embargo, el oficialismo ya impuso magistrados a su medida el 1 de mayo, tras la destitución de los antecesores.
Mientras tanto, Arévalo Ortuño, confirmó que presentó su renuncia el miércoles a lo que agregó que “después de 23 años de trabajo estoy cansado, había pensado jubilarme en julio del próximo año, pero me adelanto”.
El juez Sexto de Instrucción, que ocupará su cargo hasta el viernes, acepta que le atrae la bonificación de 24 meses que ofreció el presidente de la Corte Suprema de Justicia, hace dos semanas, paras aquellos juzgadores que renuncien, antes que el decreto entre en vigencia.
A pesar de eso, Arévalo sostiene que el decreto “es una estupidez” y que no depura nada.
“El show que se tiraron los diputados de llegó a los 60, 30 años de servicio: ‘¡Fuera! Y después: ¡Viva, qué cachimbones somos! ¡Estamos sacando a los corruptos del Órgano Judicial!’ Eso es sumamente ridículo… fue una estupidez”, indicó.
Arévalo Ortuño es conocido por su accesibilidad a la prensa en los casos que ha tramitado, entre ellos casos mediáticos como el de Carla Ayala, del cual afirma, le dio la satisfacción de presionar a la Policía para encontrar sus restos.
