La Cámara Primera de lo Penal resolvió que el expresidente Alfredo Cristiani no fue juzgado en España por la masacre de la UCA, por lo que rechazó el argumento de la defensa sobre un supuesto doble juzgamiento y confirmó que el proceso penal en El Salvador debe continuar.
Zarko Pinkas | Más de tres décadas después de la masacre en la UCA, el tiempo judicial vuelve a moverse. No con prisa, sino con esa lentitud densa con la que avanzan los casos que nunca terminan de irse.
La Policía Nacional Civil informó sobre la captura de José Ricardo Romero Chávez, de 37 años, y Cecilia Elizabeth Palacios, de la misma edad, acusados de quitarle la vida a una persona por motivos pasionales.
Davivienda emitió un comunicado en un campo pagado, donde indican que si cumplirá con el compromiso generado por este viejo litigio entre ambas partes.
La institución financiera está obligada a pagar $49.3 millones en indemnización al cafetalero Salaverría, pero en lugar de cumplir esta obligación quiere buscar una arbitraje internacional donde entra en conflicto El Salvador.
El juzgado declaró no ha lugar la petición de reserva total al proceso efectuada por la defensa, tomando en cuenta que el caso ha adquirido publicidad y a que las partes necesitan conocer el proceso.
Hacienda aseguró en su momento que no contaba con los fondos suficientes para poder cumplir con el FODES, porque tenía otros compromisos que solventar.
La Comisión pidió a El Salvador adoptar las medidas necesarias para preservar la vida e integridad personal de los 34 beneficiarios y garantizar que los miembros del medio de comunicación puedan desarrollar sus actividades periodísticas.
El parlamentario se libró de una condena de cárcel por haber conciliado con la familia de su amigo, Francisco Moya, a quienes les dio US$20 mil por gastos funerarios y daños morales. Magaña dijo que el caso era "conciliable y menos grave".
La defensa sostuvo que las bolsas fueron entregadas por el gobierno para que la alcaldía las entregara y que fueron llevadas a la sede de ARENA porque no tenían espacio en las bodegas de la alcaldía.
Ana Ligia es acusada de cometer los delitos de lavado de dinero y activos, por utilizar el dinero que ingresó a Grupo Samix desde fondos de Presidencia para cancelar deudas de tarjetas de crédito.