El Juzgado 2° de Instrucción de San Salvador programó para el viernes 12 de febrero la resolución de la audiencia preliminar contra el exdiputado Roberto Carlos Silva Pereira, de 45 años, acusado de cohecho activo y casos especiales de lavado de dinero y de activos.
Silva fue arrestado el 8 de enero de 2020 y está siendo procesado por los delitos de casos especiales de lavado de dinero y cohecho. Según fiscalía, él pagaba a alcaldes para que le adjudicaran proyectos municipales, con lo que supuestamente habría cosechado varios millones de dólares, ilícitamente.
El primer día de la audiencia se realizó a través de videoconferencia desde el Penal de Máxima Seguridad de Zacatecoluca, donde se encuentra Silva Pereira.
Los fiscales solicitaron incorporar otros elementos de pruebas y pidieron la modificación del delito de casos especiales a lavado y activos, según los fiscales porque Silva utilizó el sistema financiero y ocupo testaferros para ocultar sus ilícitos.
Por su parte, la defensa solicitó la prescripción penal, y pidió el sobreseimiento definitivo (libertad) para su cliente. Al respecto, la jueza resolvió no ha lugar por lo que continuó el desarrollo normal de la audiencia.
Pereira Silva enfrentó la audiencia a través de videoconferencia desde el Penal de Máxima Seguridad de Zacatecoluca, lugar donde se encuentra guardando prisión desde el 8 de enero de este año cuando fue detenido por la Interpol en el Aeropuerto Oscar Arnulfo Romero luego de ser deportado de Estados Unidos.
Según el dictamen fiscal, los hechos atribuidos al exlegislador suplente habrían ocurrido durante los años 2002 hasta marzo de 2006 antes de su elección como diputado.
De acuerdo a la hipótesis fiscal el imputado mantuvo negocios con varios alcaldes de la zona oriental a quienes ofrecía el 10% como dádivas para que les adjudicaran los proyectos, sin pasar por el procedimiento que exige la ley LACAP, con esto aumentaba su patrimonio de manera ilícita.
Silva es acusado de haber creado las sociedades CED, S.A y Provecom, para captar los fondos de las municipalidades.
De acuerdo a la fiscalía los fondos de origen ilícito que disponía el procesado los colocaba en el sistema financiero para luego estratificarlos comprando bienes inmuebles, vehículos de lujos, un yate, y gastos suntuosos que tenía el procesado y su esposa. Por su parte la defensa señaló que en algunos casos citados en el dictamen “no se cumplió con la ley LACAP, pero eso es otro delito, no lavado de dinero”, dijo el defensor.
Los abogados defensores solicitaron a la jueza un sobreseimiento definitivo ya que argumentan que los delitos ya prescribieron, pero fue negado.
