El Tribunal 4° de Sentencia de San Salvador dio inicio al juicio en contra de 13 implicados entre ellos, la exprimera dama salvadoreña, Ana Ligia de Saca, por el caso denominado “Destape a la corrupción fase II”.
Saca es acusada de cometer los delitos de lavado de dinero y activos, por utilizar el dinero que ingresó a Grupo Samix desde fondos de Presidencia para cancelar deudas de tarjetas de crédito, emitir cheques a sus empresas, autorizar el pago de salarios mensuales de $60,000 para el expresidente Saca y gastarlo a su discreción.
Según un peritaje, Ana Ligia de Saca lavó $17,344,229.07 de los $301 millones que sustrajo el exmandatario Elías Antonio Saca de fondos públicos. Antonio Saca, ya está purgando pena en Mariona condenado a 10 años de cárcel por peculado y lavado de dinero, por el desvío de más de $300 millones de la Cuenta Subsidiaria del Tesoro Público de Casa Presidencial.
El fiscal del caso detalló que cuentan con testigos, documentos y pruebas periciales, en las cuales se ha establecido que de cuentas bancarias de la Presidencia de la República fueron sustraídos de forma ilegal fondos públicos pese a que la Ley Orgánica de la Administración Financiera (SAFI) lo prohíbe.
“Ella era una acciones del grupo radial Samix y la persona que de acuerdo a la investigación movilizó fondos públicos”, dijo un fiscal del caso al referirse a la exprimera dama.
Sin embargo, Miguel Ángel Flores Durel, defensor de Ana Ligia de Saca, aseguró que el expresidente Saca en su confesión judicial desvincula a su esposa de todo el saqueo de los fondos públicos.
“Fiscalía trae prueba testimonial y documental y ninguna vincula en los eventos en lo que respecta al dolo a mi representada. Tenemos prueba documental y pericial , declaración de peritos de propia parte que desvinculan totalmente la participación de mi representada”, dijo Flores Durel.
Agregó que "no hubo voluntad de participar, nunca perteneció a un plan común, nunca realizó algún comportamiento sofisticado en el sistema financiero, ni sostuvo ninguna reunión".
Los procesados son Óscar Edgardo Mixco Sol, José Antonio Armando Lemus Zelaya, Gerardo Antonio Funes Durán, Sonia Guadalupe Morales, María Emma Suazo, Ángel José Montoya, Oswaldo Octavio Orantes, Julio Roberto Zamora Bolaños y José Antonio Lemus Zaldívar, conocido como Antonio Lemus Simún, a quienes les atribuyen el delito de lavado de dinero y de activos.
Los acusados habían sido absueltos por el juez Séptimo de Instrucción, Miguel Ángel García Argüello, en septiembre de 2019, ya que consideró que la Fiscalía General de la República (FGR) no presentó suficientes pruebas para que fueran llevados a juicio y fueron exonerados de cargos de manera definitiva.
No obstante, en octubre de 2020, el Tribunal Séptimo de Instrucción de San Salvador determinó enviar a juicio a los 10 vinculados a la supuesta red de corrupción que colaboró con el expresidente de la república Elías Antonio Saca, condenado a 10 años por lavado de dinero tras confesar el delito.
El abogado defensor indicó que tres personas, a quienes no pudo identificar, serán separadas del proceso por haberse contagiado de coronavirus
