La Cámara Primera de lo Penal resolvió que el expresidente Alfredo Cristiani no fue juzgado en España por la masacre de la UCA, por lo que rechazó el argumento de la defensa sobre un supuesto doble juzgamiento y confirmó que el proceso penal en El Salvador debe continuar.
Zarko Pinkas | Más de tres décadas después de la masacre en la UCA, el tiempo judicial vuelve a moverse. No con prisa, sino con esa lentitud densa con la que avanzan los casos que nunca terminan de irse.
La Policía Nacional Civil informó sobre la captura de José Ricardo Romero Chávez, de 37 años, y Cecilia Elizabeth Palacios, de la misma edad, acusados de quitarle la vida a una persona por motivos pasionales.
El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Óscar López Jerez, uno de los argumentos para admitir la demanda de amparo es que consideran que “la Sala de lo Penal lesionó los derechos a la seguridad jurídica.
La Fiscalía ha acordado condena de un año para el exjuez a cambio de su confesión, la víctima también solicitará resarcimiento por daños ocasionados, la audiencia continuará el sábado 4 de diciembre.
Las autoridades de Seguridad explicaron que la operación en la que decomisaron más de 2.5 toneladas valuadas en más de $67 millones, duró 11 días, la incautación se realizó a 460 millas náuticas al suroeste de Acajutla.
Los diputados escucharon a cada uno de los candidatos para luego determinar, más adelante y en el pleno legislativo, al abogado que estaría al frente de la Fiscalía General de la República, en un periodo de tres años..
Recién se descubrió un caso de un ex policía Hugo Ernesto Osorio Chávez, de 51 años, que tenía en un área cercana a su residencia un cementerio clandestino, en el municipio de Chalchuapa, al occidente de El Salvador.
La demanda, de tipo civil, fue presentada len la Cámara Ambiental de Segunda Instancia de Santa Tecla contra el exfuncionario y su esposa por un monto de US$169,957.35
El decomiso es el más grande en lo que va de la gestión del presidente, Nayib Bukele. Hasta finales de septiembre de este año las autoridades reportaban $150 millones en decomisos de droga.
El crimen ocurrió el 16 de noviembre de 1989 y Benavides Moreno -en su calidad de Director de la Escuela Militar- participó en la planeación de las ejecuciones de los jesuitas.