La Fiscalía General de la República presentó ante el Juzgado Noveno de Paz de San Salvador, una acusación formalmente en contra de la abogada Bertha María De León por el delito de desobediencia a particulares.
Según informó la institución, el procedimiento se realizó por medio de la oficina fiscal de Santa Tecla, departamento de La Libertad; donde se solicita que se le decrete instrucción formal con medidas sustitutivas a la detención por el referido delito en perjuicio de la administración pública y de una persona natural con régimen de protección.
El Ministerio Público ha solicitado al juzgado que decrete reserva total de las diligencias y del proceso basándose en la Convención de los Derechos del Niño y la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia (Lepina).
El delito atribuido a Deleón, está establecido en el artículo 338 y dice que “el que desobedeciere una orden dictada conforme a la ley y emanada de un funcionario o autoridad pública en el ejercicio de sus funciones, será sancionado con prisión de uno a tres años y multa de cincuenta a cien días multa”.
Deleón fue denunciada públicamente de haber mentido en el trámite para llevar a su hija hacia Estados Unidos, esto lo informó por redes sociales Roberto Carlos Navas, expareja de la imputada y padre de la menor de edad.
Además, Navas expresó el pasado 25 de septiembre que su expareja no le había permitido comunicarse con su hija desde el 31 de agosto desde 2021.
DeLeón es víctima en el proceso judicial a cargo del Juzgado Especializado para una Vida Libre de Violencia contra el exdiputado y expresidente del Tribunal Supremo Electoral, Walter Araujo por el delito expresiones de violencia y discriminación contra la mujer.
En mayo, Araujo presentó un aviso en Fiscalía contra la abogada De León basada en una supuesta revelación de información que la abogada habría realizado sobre el proceso contra él.
El Juzgado Noveno de Paz en la audiencia inicial realizada el 15 de octubre ordenó a Araujo que no podía acercarse ni hacer ninguna publicación con mensajes misóginos, sexistas o machistas dirigidos a De León.
Deleón Gutiérrez denunció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que habría empezado a ser víctima de seguimientos por parte de terceros en automóviles y motocicletas sin placas, vigilancia de drones, y hostigamientos, especialmente de “ataques” en redes sociales de personas a fines del gobierno, lo que las organizaciones solicitantes señalaron que equivaldría a “ciberacoso”, con relevante tenor sexista, e incluso participación de altas autoridades estatales del poder ejecutivo.
A raíz de esa serie de supuestos actos de persecución denunciados, la Comisión Interamericano de los Derechos Humanos en septiembre ordenó que se impongan medidas de protección a favor de la abogada De León.
La comisión en su resolución pidió al Estado de El Salvador que: “adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida e integridad personal de la señora Bertha María Deleón Gutiérrez, a la luz de una perspectiva de género, de forma que ella pueda seguir desempeñando sus labores como defensora de derechos humanos sin que sea objeto de amenazas, intimidación, hostigamientos o actos de violencia en el ejercicio de esta”.
