La Cámara Ambiental 2° Instancia de Santa Tecla admitió la demanda presentada en contra del exviceministro de la Defensa Nacional, José Atilio Benítez, y su cónyuge; según informó la Fiscalía General de la República (FGR).
El exfuncionario está siendo señalado por el delito de enriquecimiento ilícito de $169,957.35 durante los años de 2009 al 2011, según lo establecido por la institución fiscal.
“La Corte Suprema de Justicia en Pleno declaró indicios de Enriquecimiento Ilícito. La investigación de la FGR establece que en la gestión del exfuncionario entre los años 2009 al 2011 incrementó su patrimonio de forma injustificada hasta por un monto de $169,957.35”, señaló la Fiscalía en el momento que interpuso la demanda.
De acuerdo a las autoridades “la Corte Suprema de Justicia en pleno declaró indicios de enriquecimiento ilícito” en la declaración patrimonial de Benítez, también procesado por cargos de corrupción.
“La investigación de la FGR establece que en la gestión del exfuncionario entre los años 2009 al 2011 incrementó su patrimonio de forma injustificada hasta por un monto de 169.957,35 dólares”, indicó la institución.
El Ministerio Público agregó que la demanda se presentó ante la Cámara Ambiental de Segunda Instancia de Santa Tecla (centro) para “recuperar el monto defraudado”.
En agosto de 2020, la FGR ordenó la detención de Benítez por supuestamente permitir un intercambio irregular de armamento de guerra con una empresa local.
Los cargos presentados contra Benítez fueron peculado, actos arbitrarios y falsedad documental agravada en perjuicio del Ministerio de la Defensa Nacional.
Benítez también enfrenta otro proceso por tráfico de armas, después de que la Asamblea Legislativa le retirara el fuero constitucional que tenía al ser embajador de El Salvador en Alemania en diciembre de 2016.
Según la acusación, el exdiplomático habría registrado “fraudulentamente” 22 fusiles, tres pistolas, dos revólveres y dos carabinas entre 2009 y 2013 que posteriormente vendió por unos 100 mil dólares.
Esa venta la hizo, según la acusación, amparado en un decreto legislativo que en 2009 permitió que las personas que poseían armas de manera ilegal las pudieran registrar en el Ministerio de la Defensa.
De acuerdo a un testigo consultado por la Fiscalía, en el 2010, cuando la vigencia del decreto había terminado, Benítez le pidió legalizar armas falsificando documentos y declaraciones juradas, para hacer constar que los trámites se hicieron en los 45 días de vigencia del decreto.
Benítez utilizó el cargo desde el año 2009 al 2011, durante el mandado del expresidente Mauricio Funes.
