Por Redacción ContraPunto
Este martes se desarrolla la audiencia única en contra de 124 presuntos integrantes de la pandilla Barrio 18, procesados por el...
La Cámara Primera de lo Penal resolvió que el expresidente Alfredo Cristiani no fue juzgado en España por la masacre de la UCA, por lo que rechazó el argumento de la defensa sobre un supuesto doble juzgamiento y confirmó que el proceso penal en El Salvador debe continuar.
Zarko Pinkas | Más de tres décadas después de la masacre en la UCA, el tiempo judicial vuelve a moverse. No con prisa, sino con esa lentitud densa con la que avanzan los casos que nunca terminan de irse.
Patrulleros militares llegaron a intentar amedrentar a los miembros del equipo multidisciplinario, para evitar que se revise los archivos del caso de la masacre de El Mozote y sitios aledaños.
La resolución solo es aplicable para salvadoreños que quieran regresar a sus lugares de origen y para los extranjeros que residan territorio cuscatleco.
Esta sería su quinta orden de captura. Las cuatro anteriores están relacionadas con peculado, lavado de dinero, agrupaciones ilícitas y cohecho activo (en caso El Chaparral).
El juzgado Segundo de Vigilancia Penitenciaria de San Salvador definirá el 28 de septiembre, si el expresidente deberá finalizar su pena de prisión hasta el año 2026 o en el 2028.
En total habrían sido lavados 301 millones de dólares por la estructura liderada por el expresidente de la República, Elias Antonio Saca, pero solo US$17.3 millones son atribuidos a la exprimera dama y a los publicistas.
Este examen ha sido cuestionado por la Fiscalía General de la República (FGR), porque a juicio de la institución se ha entorpecido el debido proceso para recabar pruebas en contra del político derechista.
La respuesta del titular del Ministerio Público, surge luego de ser cuestionado si la familia de Moya había interpuesto una demanda en contra de Magaña.
La media surge debido a los señalamientos realizados por un medio de comunicación, que indica que la reducción de los homicidios obedece a un acuerdo entre el gobierno y los delincuentes. Con lo cual buscan, botar la tesis de la efectividad del Plan Control Territorial.