Miembros de la Fiscalía General de la República (FGR) hicieron al menos tres allanamientos, en la tarde de este lunes, producto a las supuestas negociaciones entre funcionarios de la actual administración presidencial y pandilleros de la Mara Salvatrucha.
La media surge debido a los señalamientos realizados por un medio de comunicación, que indica que la reducción de los homicidios obedece a un acuerdo entre el gobierno y los delincuentes. Con lo cual buscan, botar la tesis de la efectividad del Plan Control Territorial.
Por lo tanto, los fiscales llegaron a la sede de Centros Penales, penal de Izalco y Zacatecoluca, conocido como “Zacatraz”.
Con esta acción, los representantes del Ministerio Público buscan recopilar información, para desvirtuar o confirmar la tesis del portal informativo.
Ante esto, el viceministro de Seguridad y director general de Centros Penales, Osiris Luna, informó que ha abierto las puertas de su despacho, para que la FGR pueda proceder a realizar las investigaciones pertinentes.
“Hoy hemos dado acceso total a la FGR para que puedan recopilar toda la información que requieran, y corroborar que la noticia maliciosamente difundida sobre una supuesta tregua entre el gobierno y las pandillas es totalmente falsa y carece de sustento”, indicó Luna en su cuenta de Twitter.
Ante esto, la postura del gobierno salvadoreño es que no ha mantenido negociaciones con estructuras terroristas o que operan al margen de la ley.
Además, indicó que El Salvador y Estados Unidos tienen vigente un acuerdo para detener, desmantelar y eliminar de la sociedad salvadoreña a las pandillas, sobre todo la MS-13, algo que se confirmó en julio pasado cuando el presidente del país norteamericano, Donald Trump, y el fiscal general de esta nación, William Barr, efectuaron varios anuncios contra estas estructuras terroristas.
Uno de estos fue en relación a la Fuerza de Tarea Conjunta Vulcano (JTFV, por sus siglas en inglés), una iniciativa lanzada en agosto de 2019 para coordinar y liderar los esfuerzos del Departamento de Justicia y las agencias de aplicación de la ley de EE. UU. contra la MS-13, con el objetivo de desmantelarla, acción que es respaldada por el gobierno que tiene como compromiso la seguridad y tranquilidad de los salvadoreños.
Estas medidas cazan con el Plan Control Territorial y otras políticas que el Gobierno de El Salvador implementa, ya que entiende la naturaleza regional de este fenómeno criminal.
