La Fuerza Armada de El Salvador bloqueó, en la mañana de este lunes, la diligencia ordenada por el Juzgado de Instrucción de San Francisco Gotera de iniciar una inspección de los archivos militares, para obtener información sobre los hechos registrados en diciembre de 1981 por la masacre de El Mozote y sitios aledaños.
El equipo de especialistas multidisciplinarios, entre ellos, estaba el juez de Gotera, Jorge Guzmán, llegaron a tempranas horas para poder arranque a la jornada.
Sin embargo, fueron recibidos con una barricada y al acercase al lugar, el juez fue notificado por el coronel Carlos Varela que no lo podía dejar pasar y no le iba a firmar nada.
Ante esto, se confirma lo publicado por la revista digital Factum, la cual publicó una nota en donde señala que el ministro de la Defensa Nacional, Francis Merino Monroy, habría enviado un escrito al pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para solicitarle a los magistrados que frenen la inspección de archivos militares programada para el próximo lunes 21 de septiembre, como parte de las diligencias ordenadas por un juez en la causa penal.
Según la publicación, el titular de Defensa alegó ante los 15 magistrados de la Corte que, como lo han sostenido los defensores de los acusados por la masacre y la Presidencia de la República, la apertura de los archivos militares de hace cuatro décadas podría poner en riesgo la seguridad nacional.
Ante esto, Wilfredo Medrano, representante de Tutela Legal, indicó que patrullas militares llegaron a las afueras del Estado Mayor, para hostigar al equipo de especialistas y quererlos amedrentar para evitar hacer vigente la orden de inspección.
“Nos acusaron de ser terengos, que porque no investigamos a los guerrilleros, que queremos hacer daño a todos los oficiales que dieron su vida por la Patria y especialmente un ataque directo a David Morales, por su calidad de exprocurador de los Derechos Humanos y tomaron fotos a las placas de los carros… Era un grupo de choque, que llevaron”, se mostró indignado Medrano.
Por lo tanto, el representante dijo que es una grave irresponsabilidad de parte del presidente de la República, Nayib Bukele, debido a que él ha dado la autorización para bloquear la acción judicial.
En este sentido, dijo que el Gobierno estaría incurriendo en los delitos de incumplimiento de deberes, actos arbitrarios y desobediencia.
“Esa actitud la consideramos un desprecio a las víctimas. Recordemos que recibió a las víctimas de El Mozote y acá están presentes, es algo contradictorio”, reprochó.
Agregó, que este bloqueo es incongruente con lo dicho por Bukele que prometió dar información desde la A a la Z sobre los casos de violaciones de los derechos humanos durante el periodo del conflicto armado.
“Manda a sus emisarios a dar el visto bueno en el juzgado de Gotera, que consta en acta, y ahora bloquean con barricadas y es más, convocaron a unos patrulleros que fuimos objeto de agresión… Las resoluciones se deben cumplir, no son negociables”, sostuvo.
Además, indicó que esta administración no se diferencia en nada a las anteriores, ya que no permiten esclarecer esta problemática.
“Esperamos que se flexibilicen y se continúe con las inspecciones y vamos a insistir que se inicie en el Estado Mayor… Queremos ver si no nos bloquean en las demás inspecciones que queremos hacer”, manifestó.
De igual forma, el querellante y exprocurador de los Derechos Humanos, David Morales, expresó su descontento ante el bloqueo judicial.
“Se trata de una desobediencia a una orden judicial, estando en el Estado Mayor de la Fuerza Armada esta es una decisión de obstaculizar del más alto nivel, es decir, del comandante general y presidente de la República, el señor Merino Monroy y el Alto Mando que decidieron a no dar acceso a los archivos”, expresó.
Destacó que esta acción es ilegal, para proteger a criminales de guerra y de profundo desprecio a las víctimas sobrevivientes.
“Es lamentable contradiciendo su mismo discurso, el presidente de la República sea un presidente más de la impunidad. Estamos a la espera para tener contacto con el tribunal para firmar el acta y certificar a la Fiscalía lo sucedido y se deduzca responsabilidades”, detalló.
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Entre tanto, el Juez Guzmán se trasladó al Consejo Nacional de la Judicatura para notificar sobre este bloqueo y que sea visto por las entidades correspondientes.
Por su parte, el Gobierno se han mantenido en el silencio.
El equipo de abogados afirmó tener un plan B de no encontrar pruebas en la revisión de archivos, tienen prueba abundante para llevar a juicio a los autores intelectuales y mediatos de la masacre al norte de Morazán.
La masacre de El Mozote al norte de Morazán encierra una serie de masacres en el departamento se dio en el marco de un operativo del Ejército de El Salvador, a quien se le atribuye la matanza de cerca de 1,000 personas, en su mayoría menores de edad, ocurrió en diciembre de 1981.
La operación que se investiga y que había sido cerrada por la vigencia de la Ley de Amnistía , la llevó a cabo el Batallón de Infantería de Reacción Inmediata Atlacatl, con el apoyo de la fuerza aérea. Entre 1,000 y 2,000 militares se desplegaron en busca de un posible campo de entrenamiento de la exguerrilla, ahora Partido Frente Fabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).
De acuerdo con los registros, esa operación se extendió a varias localidades del noreste de El Salvador, entre el 10 y el 13 de diciembre.
