Redacción ContraPunto
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El decreto aprobado por los 84 votos los diputados del Parlamento Salvadoreño, permitirá medidas excepcionales por 30 días para hacer frente a esta enfermedad.
Los parlamentarios acordaron que era una opción mas viable posponer la interpelación del ministro, René Francis Monroy, para poder centrar los esfuerzos en la prevención del coronavirus.
Los parlamentarios autorizaron a las municipalidades que utilicen hasta el 50% del 75% que tienen disponible, para atender la emergencia de forma preventiva, sistemática o correctiva.
En la noche del miércoles, el mandatario salvadoreño emitió los decretos 12 y el 13, el primero es de competencia del Legislativo y el segundo sí es del Ejecutivo, por lo tanto seguirá vigente ante la problemática del avance del coronavirus en la región.
La Fiscalía General de la República acusa a Quijano de los delitos de asociaciones ilícitas y fraude electoral, por lo que ha solicitado el desafuero del parlamentario para que sea procesado judicialmente.
El presidente Nayib Bukele hizo un llamado a la unificación y confirmó que presentará al Legislativo una propuesta para enfrentar una posible crisis económica
"El principal riesgo es que al no existir esta garantía constitucional cualquier persona, hackers, o actores inescrupulosos, con artificios se pueden aprovechar del nivel de vulnerabilidad de los dueños de la información, dada la facilidad de acceder a la misma a través de terceros", afirmó Martel
El problema se reavivó el lunes, mientras que la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa alcanzó acuerdo para emitir dictamen favorable del empréstito, el presidente de la República, Nayib Bukele, manifestaba su rechazo a las condiciones en las que se habían dado la aprobación.
Este proceso se registra, luego que el instituto político lograra superar una serie de inconvenientes que le habían impedido obtener el aval del Tribunal Supremo Electoral (TSE) para regresar a la contienda de cara a las elecciones de 2021.
El presidente Nayib Bukele mostró su rechazo en redes sociales y señaló que “los diputados se están pasando” al tratar de meter a la cárcel por 15 años a quienes les gritan en la calle.
El ISSS aseguró que necesitaban más tiempo para poder echar a andar la medida, porque deben realizar un proceso de preparación y adecuación que garantice un servicio de calidad para los beneficiarios.