La Asamblea Legislativa pospuso la interpelación del ministro de la Defensa Nacional, René Francis Monroy, con el objetivo de centrar la atención en medidas que requieran el apoyo del Parlamento para prevenir la propagación del virus COVID-19 (Coronavirus) en el país.
El propósito de la interpelación es para que explique “por qué militarizaron la Asamblea el 9 de febrero del 2020, violentando la institucionalidad democrática y el Estado de Derecho”, según se explica en el dictamen avalado el 27 de febrero.
Al emitir el dictamen unánime, los diputados se pronunciaron sobre la importancia de prevenir el COVID-19 y externaron su disposición para contribuir en hacer efectivas las medidas que se implementan y las que puedan surgir ante la pandemia.
La interpelación del funcionario se debía realizar el próximo 21 de marzo de 2020. Este proceso tiene a la base el numeral 34º del artículo 131 de la Constitución, y lo que señala el artículo 113 del Reglamento Interior de la Asamblea Legislativa (RIAL).
Según el RIAL, es obligación de los funcionarios asistir a la interpelación para contestar las preguntas y repreguntas que los diputados le realicen, de no asistir y no justifique previamente la inasistencia, quedará depuesto de su cargo.
Anteriormente, el presidente de la Congreso, Mario Ponce, expresó su desacuerdo de realizar este proceso.
Las razones que le llevan a este razonamiento es por el pobre trabajo que dejaron los interrogatorios al presidente de ANDA, Frederick Benítez, y a la ministra de Salud , Ana Orellana Bendek, quienes fueron cuestionados por la crisis de proliferación de alga y bacterias en el sistema de servicio de agua potable que el gobierno distribuye al Área Metropolitana de San Salvador (AMSS), desde mediados de diciembre 2019 a finales de enero 2020.
Militarización de la Asamblea Legislativa
El 9 de febrero de 2020, se registró una serie de eventos que desencadenaron el enfrentamiento de los Órganos de Estados y que culminó con la irrupción de las instalaciones del Palacio Legislativo por parte de la Policía Nacional Civil y a la Fuerza Armada.
Mientras Bukele ocupó la silla presidencial y trató de iniciar una sesión que había sido convocada por Consejo de Ministros, pero que solo había sido acatada por 23 diputados, para debatir la aprobación de los $109 millones provenientes del préstamo del BCIE, para financiar la fase III del Plan Control Territorial.
El resto había acordado no acatar el llamamiento, porque se usa este recurso en caso de “calamidad pública” situación que consideraron que no se aplicaba en la aprobación de los fondos.
Por lo que Bukele se retiró y controló a una masa de personas enardecidas previamente, que querían insurreccionarse contra el Legislativo.
Pese a que todo este conjunto de acciones causaron la indignación en la comunidad nacional e internacional, Ponce es del pensamiento que no es necesario realizar el ejerció de interpelar a los funcionarios involucrados.
