El conflicto entre el Órgano Ejecutivo y Legislativo por la aprobación del préstamo de $109 millones otorgado por el BCIE, para financiar la fase III del Plan de Control Territorial, parece ser un cuento de nunca acabar.
El problema se reavivó el lunes, mientras que la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa alcanzó acuerdo para emitir dictamen favorable del empréstito, el presidente de la República, Nayib Bukele, manifestaba su rechazo a las condiciones en las que se habían dado la aprobación.
Según la iniciativa que fue presentada a la comisión el 6 de noviembre, la distribución de los fondos sería de la siguiente manera: $25.9 millones para equipo e infraestructura de videovigilancia, $46.9 millones destinados a movilidad estratégica, $17.4 millones para adquisición de equipo táctico, $15.5 millones para modernización hospitalaria para personal de seguridad, y $3.3 millones para administración, supervisión y auditoría, imprevistos y comisión del BCIE.
Con estos recursos, se pretende adquirir cámaras de reconocimiento facial y de placas para identificar mejor a los delincuentes y los vehículos en que se movilizan, drones con visión nocturna para identificación de campamentos de pandilleros y que permitan planificar mejor acciones de ataque o defensa, entre otros.
Sin embargo, los parlamentarios consideraron oportuno realizar algunas observaciones o sugerencias, como dejar establecido un marco legal regulatorio para el uso de drones, garantías institucionales en cuanto a la operatividad de cámaras de videovigilancia, que se cumpla la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), entre otras.
“Dicen que se puede duplicar la compra de vehículos. De no comprarse el buque o helicóptero, externan que se compren más botas, así como duplicar la compra de cascos para la Policía Nacional Civil”, precisó el presidente de la comisión y diputado de GANA, Guadalupe Vásquez (GANA).
Además, explicó que en el contrato de préstamo “pueden dejarse algunas especificaciones fuera del decreto del contrato para que en la próxima ronda se pueda cambiar el rubro, y la cantidad que pueda tenerse de reducción; es oportuno hacer eso, porque así dejamos claro que el contrato entre el BCIE y el Gobierno central, a través del ministro de Hacienda, no se puede modificar, pero sí se pueden dejar algunas observaciones para cuando venga a ratificarse”.
Para tomar esa decisión, los parlamentarios profundizaron en la moción y convocaron a los beneficiarios, Ministerio de la Defensa Nacional y Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, así como al Ministerio de Hacienda, representantes del BCIE, alcalde municipal de San Salvador y a la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), a fin de cumplir con el proceso de formación de ley, en lo que respecta a realizar las consultas pertinentes.
La votación del dictamen fue acompañada por los diputados de ARENA, GANA, PCN y PDC.
La diputada Yanci Urbina (FMLN), por su parte, argumentó algunas de las razones por las cuales el grupo parlamentario que representa no respaldó la moción.
“Hemos tenido observaciones en relación al peligro de colocar en manos de entidades como la Fuerza Armada y la PNC un sistema que todavía no tiene regulación en términos de legislación que proteja la intimidad, privacidad y la información personal de los ciudadanos, este fue uno de los planteamientos importantes que nos hizo la UCA. Siguen siendo observados aquellos componentes que solamente entre helicópteros y estimaciones de buques resultan $37 millones, más los $26 millones del sistema de videovigilancia, el resto es gasto corriente”, explicó.
Bukele reacciona ante la medida legislativa
Por su parte, el Jefe de Estado calificó el dictamen aprobado como “una maniobra para dilatar la aprobación del crédito e intentar negociar prebendas con el Gobierno”.
“Está claro que los diputados no han aprobado nada, en realidad solo han activado un mecanismo para una nueva negociación con el Gobierno. Entiendan de una vez: No habrá maletines negros”, manifestó Bukele a través de su cuenta de Twitter.
La inconformidad radica en que durante la reunión, los legisladores hicieron la aprobación pero con ciertas condiciones como reorientar $18 millones para la comprar de uniformes, calzado y vehículos para la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada.
Estos recursos, según los diputados que apoyaron el dictamen, se utilizarán “de forma depurada, con precios de mercado” y no se avalará la compra del buque para tareas de combate a la narcoactividad.
“Cómo es posible que los diputados estén modificando el préstamo y el Plan Control Territorial (PCT) si ellos mismos han repetido que no conocen los pormenores de este. ¿Cómo modificarán el PCT si dicen desconocerlo?”, señaló el gobernante.
Otro factor que ha servido para echar leña al fuego, son las declaraciones del diputado demócrata, Rodolfo Parker, quien dijo: “se suprimirán los juguetes (buque)”.
Militarización de la Asamblea
Por este tema ambos Órganos chocaron el 9 de febrero, cuando el mandatario salvadoreño llegó al Parlamento para realizar una sesión extraordinaria que convocó por medio de su Consejo de Ministros.
Pero lo que generó controversia fue el fuerte dispositivo de los cuerpos de seguridad, lo cual fue considerado como excesivo por parte de los 23 diputados que acataron la medida.
Para organizar su llegada al recinto legislativo, Bukele hizo uso del artículo 167 de la Carta Magna y así cerrar este capítulo, con la aprobación del empréstito.
Pero la mayoría de diputados pensaron lo contrario, ya que prefirieron continuar con sus actividades cotidianas porque establecieron que no habían “calamidad pública” para hacer uso de ese artículo de la Constitución.
Además, esto estuvo acompañado de un acto de civiles que querían hacer uso de la insurrección establecido en el artículo 87 de la Constitución.
En esa ocasión, las frases “pidamos a Dios sabiduría” y “nadie es más sabio que Dios” tuvieron que salir de la boca del mandatario salvadoreño en al menos cinco ocasiones en el segundo mensaje que le dirigió a la población, esto luego de haber ingresado al Salón Azul y haberse sentado en la silla de la presidencia del Parlamento Salvadoreño.
Con estas palabras, el Jefe de Estado intentó calmar los ciudadanos a quienes minutos antes había agitado con un mensaje confrontador al invocar la insurrección de la población.
Por lo tanto, las al menos 500 personas que habían atendido el llamado desde las 12 del mediodía, hicieron propio el mensaje y exigieron que esto se cumpliera, debido al cansancio social que existe por los niveles de corrupción que hay en el país.
Sin embargo, el presidente se echó para atrás y les solicitó en reiteradas ocasiones que se les diera “a estos corruptos” un compás de espera de una semana para que resolvieran el inconveniente con la aprobación de los fondos de para la tercera fase del Plan Control Territorial.
“Si en una semana no resuelven esta situación estos corruptos, yo no me voy a interponer entre ustedes y el cumplimiento del artículo 87”, expresó Bukele a la multitud.
Pese a la petición, la población estaba renuente de retroceder, pero fue un joven que a lo lejos dijo: “Si, demos una semana”.
Ese grito generó una reacción en cadena para que la población cambiara de parecer y respaldara a un Bukele que hizo un ademán de “dame sabiduría señor” y con una gesticulación de “ayúdame ante esto”.
Con ello, el estadista logró retirarse con el séquito de militares que lo estaban escoltado, en una imagen que se podría apreciar como beligerante.
Por su parte, los ciudadanos tuvieron que irse a sus casas con una sensación agridulce de la actividad, pero que al menos lograron compartir saludos con Carlos Marroquín, director de la Unidad de Reconstrucción del Tejido Social; con Mario Durán, ministro de Gobernación y otros funcionarios que circularon entre los presentes para saludarlos y retratar el momento con una “selfie”.
Muchos de los asistentes llegaron de los departamentos de La Paz, La Unión, San Vicente, San Miguel, San Salvador, con el objetivo de respaldar el intento de insurrección.
Pasado este hecho, la insurrección de la población se ha ido retrasando sin fecha definida.
Mientras tanto, la militarización del Congreso fue rechazo por la comunidad internacional y la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia le ordenó a Bukele que: "Que se abstenga de hacer uso de la Fuerza Armada en actividades contrarias a los fines constitucionalmente establecidos y poner en riesgo la forma de gobierno repúblicano, democrático y representativo, el sistema político pluralista y de manera particular la separación de poderes”.
