La rendición de cuentas es una obligación que tiene un sujeto que administra en nombre de otros ya sea en el sector público o privado, de explicar y responder por el cumplimiento de un mandato o delegación
Descansen en paz, Eduardo Navas, productor de noticias de la Red Salvadoreña de Medios; Ronald Cardoza, de Comunicaciones del Centro Monseñor Romero, de la UCA; y Franklin Américo Rivera, conocido como “Meco”, destacado fotoperiodista
Los funcionarios no están autorizados para divulgar estos datos sin que previamente se informe al titular, se le expliquen qué se hará con estos y se obtenga su consentimiento
Algunos medios tradicionales han aplicado medidas como suspensión de contratos, reducción de salarios y en el pago de horas extras. En algunos canales de televisión han sido sustituido por la concesión de días compensatorios.
Dada su condición de responsabilidad, los funcionarios públicos deben asegurarse que con sus expresiones no afecten los derechos de los que aportan al debate público al expresar y difundir sus pensamientos, de modo que no sean un injerencia o presión
Si bien la Ley de Restricción Temporal de Derechos Constitucionales concretos para atender la pandemia Covid-19, no afecta formalmente el ejercicio de la libertad de expresión
Si la fuente no es fiable. Si se habla de rumores, suposiciones, si no hay una cuenta oficial, si el contenido no es repetido por otros sitios, entonces, dude. Aprenda a distinguir especulaciones de hechos concretos
El control social es un estímulo para la transparencia de la actividad de los funcionarios, en la medida en que fomenta la responsabilidad en su trabajo
Entre el 23 de enero y el 19 de noviembre de 1980 hubo 14 atentados contra medios de comunicación, según registros de organizaciones de derechos humanos
Los contenidos informativos se escurren de igual manera y son amplificados por sitios en redes sociales con apariencia de periodísticos. No estoy en contra, pero inundan de información en tiempo real y brindan demasiados datos que muy pocos logran digerir
El informe preliminar sostiene que, si bien es legítimo que los funcionarios públicos formulen críticas, correcciones u objeciones con respecto a reportajes específicos en los medios y a las organizaciones sociales, deben observar un especial deber de cuidado para no generar situaciones de riesgo