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martes, 03 de agosto del 2021

Sin garantías para el trabajo periodístico

Dada su condición de responsabilidad, los funcionarios públicos deben asegurarse que con sus expresiones no afecten los derechos de los que aportan al debate público al expresar y difundir sus pensamientos, de modo que no sean un injerencia o presión

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Las plataformas digitales se han convertido en el canal de reproducción de expresiones de violencia contra sectores específicos, como defensores de derechos humanos, mujeres y grupos vulnerables.

La rapidez con que circulan tales expresiones se amplifica por los retuits, y por comentarios que fomentan violencia y odio contra los que se han convertido en blancos de los ataques; situación que se agrava cuando algunos se autoproclaman con autoridad para indicar a sus seguidores que bloqueen, borren o silencien contenidos. En casos extremos, alientan la violencia  física.

Otro sector afectado por tal tipo de intolerancia es el periodístico. La Relatoría de Libertad de Expresión de la OEA consigna en el informe sobre El Salvador del año 2019, que la situación es preocupante “frente a diferentes declaraciones estigmatizantes, campañas de difamación en redes sociales contra comunicadores por parte de altas autoridades públicas contra trabajadores de la prensa y medios de comunicación, lo que habilita el acoso por razón de género hacia mujeres periodistas.”

En el rubro declaraciones estigmatizantes, la Relatoría incluye el registro de varias amenazas, ataques en redes sociales, insultos misóginos y desacreditación del trabajo a mujeres periodistas. El efecto de estas acciones fomenta la autocensura por temor a represalias.

Este tipo de prácticas es una preocupación para Naciones Unidas, cuyo Secretario General, António Guterres, ha dicho que tales ataques pueden dar paso a un efecto disuasorio sobre otras mujeres periodistas; lo que desemboca en la falta de la perspectiva femenina en los medios de comunicación respecto a asuntos de diferente índole, y refuerza la discriminación y la desigualdad.

De acuerdo al artículo 9 de la Declaración de Principios de Libertad de Expresión, el asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Establece como deber de los Estados prevenir e investigar este tipo de hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada.

Dada su condición de responsabilidad, los funcionarios públicos deben asegurarse que con sus expresiones no afecten los derechos de   los que aportan al debate público al expresar y difundir sus pensamientos, de modo que no sean un injerencia o presión. Esto es referido a periodistas, medios de comunicación y organizaciones de derechos humanos

El Estado es el obligado a dar aportes a la generación de un ambiente de tolerancia a las ideas ajenas, aun cuando les parezcan ofensivas. Un clima hostil, lleno de confrontación, descalificaciones y estigmatización es un serio obstáculo para el debate razonado sobre asuntos de interés público.

Ese interés demanda acceso a la información, transparencia   y rendición de cuentas. Tómese en cuenta que las tensiones entre gobiernos y prensa son normales debido a la función de esta; responder con ataques, apología al odio y polarización cierra espacios a la adecuada discusión de los asuntos públicos, como ocurre en una democracia. Además, inhibe a ambos sectores a cumplir su rol. Eso es válido siempre y en emergencia nacional, en la que persisten tales prácticas, es más que urgente.

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Carlos Domínguez
Periodista salvadoreño; defensor de los derechos humanos. Colaborador y columnista de ContraPunto
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