El 27 de abril de 1991 en México, las delegaciones del FMLN y el gobierno pactan un amplio acuerdo sobre Fuerza Armada, sistema judicial y derechos humanos, sistema electoral y Comisión de la Verdad.
En la declaración final las partes dejaron constancia que representa una síntesis de los principales acuerdos políticos a los que llegaron en la ronda de negociaciones iniciada el 4 de abril de ese año.
En esa jornada fueron pactadas reformas constitucionales en asuntos concretos. En el caso de la Fuerza Armada lo referido a definir el sometimiento al poder civil, creación de la Policía Nacional Civil, para el resguardo de la paz, tranquilidad, orden y seguridad pública, tanto en el ámbito urbano, como rural, bajo autoridad civil.
También fue acordada la forma de elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, la asignación del seis por ciento del presupuesto general de la Nación de cada año. La creación del procurador para la defensa de los derechos humanos, con la misión esencial de promover los derechos humanos y velar porque sean respetados.
Casi tres décadas después, el país afronta una situación que refleja la esencialidad de esa misión descrita por los negociadores. En plena crisis sanitaria, la PDDH registra 581 violaciones a derechos humanos entre el 21 de marzo, día de inicio de la cuarentena nacional, hasta el 20 de abril; el 24 por ciento ocurridas en centros de contención.
A partir del 24 de abril se registra el repunte de homicidios en el país: los 24 ocurridos rompieron exponencialmente la cifra promedio de tres que se había mantenido en el año, y los días en que ninguno ocurrió. Es un golpe fuerte en plena militarización nacional y cuarentena obligatoria, que fue respondido con la declaratoria de emergencia en los penales y la autorización del uso de la fuerza letal para contener la violencia.
El endurecimiento de las medidas en las cárceles incluye encierro absoluto las 24 horas, mientras se efectúan operativos policiales. Organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos urgió al Estado adoptar medidas que garanticen la vida e integridad de las personas privadas de libertad. Hace notar que son de especial urgencia, considerando que la pandemia Covid-19 es de mayor riesgo para esta población.
Es un problema grave que nos estalla en la cara como sociedad. Aquél pacto de abril de 1991 fue colocado en el congelador, como decía Naciones Unidas, y luego fue parte del acuerdo que puso fin a la guerra en enero de 1992. El procurador de derechos humanos es una figura fundamental en un país que venía de gobiernos autoritarios que sin reparo usaban al ejército y los cuerpos de seguridad para perseguir y eliminar a todo aquél que consideraban enemigo.
En tiempos de paz esa narrativa se ha mantenido, enfocada en las pandillas. El lanzamiento del plan Mano Dura el año 2003 por el gobierno de Francisco Flores, seguido por el plan Super Mano Dura, de Elías Antonio Saca, lanzado el 31 de agosto de 2004, que contenía las variantes Mano Amiga y Mano Extendidas.
Pese a la afabilidad de los términos, las prácticas represivas se convirtieron en el enfoque único, donde no hubo espacio para la asignación de fondos a la investigación o a reducir la marginación social; esquema asumido sin cambios por los gobiernos del FMLN en la década 2009- 2019.
Muchos alertan de los posibles excesos derivados de la autorización de la fuerza letal, que tienen como base los señalamientos de ejecuciones extrajudiciales en lo inmediato y las prácticas represivas, violatorias de derechos humanos en el conflicto y los años previos.
El respeto de los derechos humanos no es un adorno. Es un modo de convivencia. No practicarlo es una negación de la vida, ni su única aplicación es el combate a la delincuencia atribuida a las pandillas. Las condiciones en que malviven muchas personas la cuarentena, en algunos casos sin pruebas, en otros con pruebas, pero sin acceso a resultados, es otro ejemplo que la actualidad nos muestra sobre los derechos humanos.
El artículo 1 de la Constitución nos da una idea: El Salvador reconoce a la persona humana como el origen y el fin de la actividad del Estado, que está organizado para la consecución de la justicia, de la seguridad jurídica y del bien común. Asimismo, reconoce como persona humana a todo ser humano desde el instante de la concepción. En consecuencia, es obligación del Estado asegurar a los habitantes de la República, el goce de la libertad, la salud, la cultura, el bienestar económico y la justicia social.
