El secretismo es una práctica nociva para la democracia de un país. Pone sellos a asuntos que deben ser conocidos con la mayor amplitud, de acuerdo a los principios de publicidad y transparencia. Ha quedado plasmado en el fallo del caso Claude Reyes contra Chile resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 19 de septiembre de 2006.
Los peticionarios solicitaron información al Comité de Inversiones Extranjeras, en relación con la empresa forestal Trillium y el Proyecto Río Cóndor, que era un proyecto de deforestación que se llevaría a cabo en la décimo segunda región de Chile y podía ser perjudicial para el medio ambiente e impedir el desarrollo sostenible de Chile.
La Corte dijo que el Estado debe actuar acorde a los principios de publicidad y transparencia en la gestión pública. No se trata de “modas”. Son mecanismos que permiten a la ciudadanía participar en la gestión pública. Investigar, cuestionar al poder es visto como parte del quehacer de los opositores políticos. Una cosa es el plano partidista o electorero; otra es el ejercicio pleno del derecho humano de buscar, recibir y divulgar información.
El control social es un estímulo para la transparencia de la actividad de los funcionarios, en la medida en que fomenta la responsabilidad en su trabajo. ¿Puede haber restricciones al acceso a información pública? Sí. Deben cumplir determinadas características: Estar previamente fijadas por ley como medio para asegurar que no queden a la arbitrariedad o capricho del poder, y deben establecerse por razones de interés general, por ejemplo.
Además, las restricciones deben ser necesarias en una sociedad democrática, lo que depende de que estén orientadas a satisfacer un interés público imperativo. En El Salvador, no se percibe voluntad ni compromiso con el acceso a información pública. Ha sido el caso del director de Centros Penales, Osiris Luna. Desde octubre de 2018 hubo total silencio y negativa de brindar datos solicitados mediante el Instituto de Acceso a la Información Pública, IAIP, sobre viajes a México y a Estados Unidos.
Sí se dijo sin detalles que habían sido financiados por una organización no gubernamental y un gobierno. Además se le dio carácter reservado a un asunto que por ley no lo tiene. Se conoció con documentos que una empresa privada vinculada a seguridad financió el traslado interno en México en un jet privado.
No es el único ejemplo donde la transparencia escasea y abunda la opacidad. Al menos 40 casos de negativa de información de carácter público están suspendidos por recursos presentados por entidades del Estado, lo que afecta el acceso a la información que ha sido solicitada, porque impide a la sociedad el pleno ejercicio de un control democrático.
Otra señal de opacidad es la reiterada negativa de brindar información sobre hechos ocurridos durante el conflicto armado. Sucedió en la audiencia oral en el IAIP en la que el representante del Ministerio de Defensa negó la existencia del batallón Atonal, implicado en el asesinato de los 4 periodistas holandeses, el 17 de marzo de 1982.
Desde el 25 de febrero de 2014, el IAIP ha resuelto que no puede alegarse inexistencia de información; y cuando se haga, ordena que sea reconstruida. Tras un proceso iniciado ante la Sala de lo Contencioso Administrativo por el Ministerio de Defensa de la época, ratificó la resolución del IAIP el año 2017.
El acceso a la información no es un favor ni una concesión. Es un derecho para todos y refleja qué tan demócrata es un Estado en la realidad; no solo en redes sociales o en sitios colmados de alabanzas y aplausos.
