Partidos

El gobernante le sugirió al presidente de la Asamblea Legislativa que mejor cree comisiones que estén comprometidas con resolver los problemas de país.

Los parlamentarios agradecen el apoyo del organismo internacional, no obstante, recalcaron que la investigación del delito de corresponde a la Fiscalía General.

Los empresarios del transporte público de pasajeros quieren que la Asamblea extienda hasta el 31 de diciembre de 2020 la entrega de $200 para microbuses y $400 para buses.

La falta de entendimiento entre areneros y efemelenistas ha sido el principal obstáculo para elegir al funcionario que debió tomar posesión el 21 de septiembre.

En el caso de la iniciativa para reorientar $21.4 millones con los cuales se pagaría la bonificación de $400 a policías, soldados y custodios de centros penitenciarios, el proceso para su aprobación duró menos de 72 horas, desde que la Comisión de Hacienda conoció la propuesta.

Tras su instalación, la comisión ad hoc acordó iniciar la fase consultiva para el estudio de la iniciativa de ley.

Fueron juramentados para integrar la instancia Jorge Mazariego del (PDC), quien fungirá como presidente; Mauricio Vargas, de (ARENA), que será el secretario; Raúl Beltrán Bonilla, del (PCN), como relator; y como vocal el diputado Carlos Ruiz (FMLN).

El 5 de septiembre, los diputados avalaron una reforma al artículo 12 de la Ley Especial para la Constitución del Fondo Solidario para la Salud (FOSALUD) que permitía otorgar prestaciones a los trabajadores de dicha institución.

Diputados aprueban con 53 votos el ingreso de una pieza de correspondencia que contiene proyecto de Ley Especial para la Prevención, Control y Sanción de Lavado de Activos presentado por la Fiscalía General.

Políticos de varios grupos parlamentarios coinciden en que el Ejecutivo no solo ha presentado un presupuesto desfinanciado; sospechan que mantiene la llamada “partida secreta” de la Presidencia.

Con 77 votos, los diputados aprobaron reformas al presupuesto por $21,4 millones para el bono trimestral para policías, soldados y custodios de Centros Penales.

La Universidad de El Salvador envió a dos representantes que plantearon incluir los acontecimientos registrados entre los años 70 y el año 1995, lo cual no estaría contemplado en el mandato de la Sala de lo Constitucional.

La idea es que transcurrido un período no mayor a un año se elimine el historial crediticio del consumidor o cliente de la base de datos, siempre y cuando haya cancelado su deuda.

ARENA y el FMLN tienen sus reservas con respecto a los $755 millones de deuda que ha solicitado el Ministerio de Hacienda para cubrir todos los gastos.