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viernes, 30 de julio del 2021

Proponen mejorar condiciones laborales de vigilantes privados

Los trabajadores de este sector sufren de explotación y abuso laboral, largas jornadas de trabajo y falta de prestaciones sociales.

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Una iniciativa fue presentada por el Partido Demócrata Cristiano (PDC), para mejorar las condiciones laborales de los vigilantes privados. Se trata de hacer una reforma a la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública.

Los diputados de la Democracia Cristiana, recordaron que la Constitución establece que el trabajo es una función social, goza de la protección del Estado, y no se considera artículo de comercio; está regulado por el Código de Trabajo que tiene por objeto armonizar las relaciones entre patronos y trabajadores, estableciendo sus derechos y obligaciones.

El 5 de abril de 2000, se aprobó la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, que establece las normas básicas que regularán las acciones relativas a la planificación, adjudicación, contratación, seguimiento y liquidación de las adquisiciones de obras, bienes y servicios de cualquier naturaleza.

Los altos índices delictivos y de inseguridad en el país, ha propiciado un nicho a la actividad económica de servicios privados de seguridad, rubro que ha aumentado la demanda de sus servicios de manera consecutiva y ha obtenido a las agencias utilidades significativas, pero son señaladas como infractoras reiteradas de las normas administrativas y laborales de sus trabajadores.

Los trabajadores de empresas de seguridad privada padecen explotación y abuso laboral, largas jornadas de trabajo, salarios que rara vez sobrepasan el salarió mínimo por jornadas de hasta 24 horas consecutivas de pie, falta de prestaciones sociales y de seguridad social, no retribución de horas extras, además del incumplimiento de otros derechos de la legislación laboral.


El Estado gasta más de $100 millones al pago de servicios de vigilancia y seguridad privada, a fin de mantener la seguridad del personal, bienes e instalaciones de diferentes instituciones públicas y autónomas, entre otras.

No obstante, agregan los diputados del PDC, al observar las condiciones laborales de los trabajadores, estas son precarias e inhumanas, convirtiéndose el Estado en cómplice de la vulneración de los derechos laborales que establece la Constitución y otras normativas. Por ello, es necesario establecer las garantías a fin de garantizar los derechos de los vigilantes privados.

Por ese motivo, el PDC pide que se reforma la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, en el sentido de que: “cuando el objeto del contrato sea la prestación de servicios de vigilancia y de seguridad privada, previa adjudicación de la autoridad competente, se deberá contar con el aval del Ministerio de Trabajo y del Ministerio de Justicia y Seguridad; lo mismo será aplicado cuando las contrataciones sean en el mercado bursátil.

El Ministerio de Trabajo deberá, a través de la Dirección General de Inspección del Trabajo, mantener un papel activo en la ejecución del contrato, para garantizar los derechos de los trabajadores; esto mediante una verificación especial y permanente de sus condiciones laborales.

Por el momento, la iniciativa se encuentra en la Comisión de Trabajo que debe hacer las consultas con las entidades mencionadas en la propuesta y luego, emitir un dictamen que será conocido por el pleno.

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Carlos Ramos
Periodista salvadoreño
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