Integrantes de la Subcomisión política para el análisis del informe presentado por la Comisión Adhoc para estudiar el proyecto de Ley de Justicia Transicional y Restaurativa para la Reconciliación Nacional escucharon a representantes de la Universidad de El Salvador (UES) quienes presentaron propuestas para ser incorporadas en el estudio de esa normativa.
En un principio, la instancia legislativa esperaba recibir al rector del Alma Máter, Roger Arias, quien había solicitado audiencia hace dos semanas, sin embargo, solo se presentaron la oficial de la Oficina de Acceso a la Información Pública, Sofía Zamora Briones, y el secretario de relaciones nacionales e internacionales, Néstor Adonay Hernández Baires, quienes llegaron en su representación.
La UES plantea que es necesario incluir los acontecimientos registrados en la década de los 70, previo al conflicto armado, y entre 1992 y 1995, es decir durante la postguerra, para cumplir la sentencia de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que declaró inconstitucional la Ley de Amnistía General, en el 2016; no obstante, el coordinador en funciones de la subcomisión, diputado Julio Fabián de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), recalcó que deben basarse en los parámetros establecidos por la Sala.
“Nosotros esperábamos la visita del señor rector de la universidad nacional, no obstante nos mandó a dos representantes. Ellos vienen con una petición que les reconozco que hay que estar claros que la justicia nunca debe prescribir, sin embargo, hoy por hoy tenemos un mandato de la Sala que ya nos marca los parámetros sobre los cuáles tenemos que legislar y generar ese cuerpo normativo en relación a la justicia transicional; ellos quieren que se incorporen todos los delitos que pudieron darse desde 1970 hasta 1995, un rango de veinticinco años, algo que la sentencia no lo contempla, desde ese punto de vista lo vemos improcedente”, remarcó Fabián.
La subcomisión se propone agilizar el trabajo para responder a los alcances de la sentencia emitida por la Sala de lo Constitucional, que estableció que se debe crear una nueva normativa basada en la verdad, justicia, reparación integral y no repetición a crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra.
Para ello, ha recogido insumos de víctimas de conflicto armado, así como a organizaciones que trabajan en el tema. Recientemente se reunieron con la experta internacional Hélene Tigroudja, integrante del Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), quien aportó con sus recomendaciones.
