Los empresarios del transporte andan buscando el apoyo de los diputados para que les extiendan por un año más, el subsidio que les entregan para más de 10 mil unidades.
Esta semana presentaron una petición al Palacio Legislativo, en donde plantean que dicho sector está pasando por dificultades que no les ha permitido generar condiciones óptimas de desarrollo.
Argumentan que operan bajo un sistema de tarifas reguladas y bajas desde hace más de 16 años, lo que les ha impedido ofrecer un mejor servicio a los usuarios.
Afirman que los costos fijos y variables son cada vez más altos por la dinámica en los precios del mercado de los repuestos, y la variable que genera a cada momento el precio del aceite y el diésel.
Otro aspecto que consideran afecta al gremio es la inseguridad jurídica y ciudadana en el país, la fuerte competencia ilegal de diferentes modalidades de transporte en función comercial sin su debida autorización, incluidas plataformas digitales (Uber).
Además, pese a que diferentes estudios realizados por entidades de Gobierno y organismos no gubernamentales, revelan que hay sobreoferta de transporte en el país, no se han tomado medidas de control del desorden que genera en el transporte colectivo la competencia ilegal. A pesar de estas dificultades, sostienen los empresarios del transporte, han hecho esfuerzos para salir adelante.
Prueba de lo anterior es que en los últimos años han renovado unidades, algunas cuentan con aire acondicionado y mecanismos de accesibilidad para personas discapacitadas, según la normativa vigente, tanto en el servicio urbano, interurbano e interdepartamental, con el fin de prestar un mejor servicio a los pasajeros.
Agregaron que todo lo que adquieren en compra como repuestos, se paga con el Impuesto al Valor Agregado (IVA), lo que no es recuperable por lo que es necesario que el Estado asigne al transporte colectivo la compensación económica y de esta manera no se aumentaría la tarifa o pasaje para los usuarios.
El 3 de enero de 2018, la Asamblea Legislativa aprobó un decreto que contiene la Ley Transitoria para la entrega de la Compensación Económica y Estabilización de las Tarifas del Servicio Público del Transporte Público de Pasajeros, con el fin de mantener inalterables las tarifas.
Por ello, el gremio de transportistas piden a los diputados prorrogar hasta el 31 de diciembre de 2020 ese beneficio económico que finaliza en diciembre de este año.
Actualmente, los microbuses reciben una compensación económica de $200 y los buses $400.
Por el momento, los legisladores no se han pronunciado si prorrogarán la compensación económica y en todo caso, la solicitud tendría que ser conocida por la Comisión de Obras Públicas y Transporte.
Pero los transportistas ya tienen por lo menos a una parlamentaria que no quiere que se les continúe dando el subsidio. Milena Mayorga, diputada de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), escribió en su cuenta de Twitter “¡No más subsidio a estos cafres!
Incluso presentó el jueves un recomendable al pleno legislativo, para que la Comisión de Medio Ambiente decrete “Emergencia ambiental en el Área Metropolitana de San Salvador”, por la contaminación que genera el transporte público…”.
Pero la última palabra la tienen los parlamentarios, que en los últimos años han estado dando prórrogas para que los buseros reciban el subsidio.
