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Más de 6.5 millones de salvadoreños están habilitados para votar el 28 de febrero y elegirán presidente, Asamblea Legislativa y concejos municipales
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Recientemente se ha dado a conocer la comisionada suplente del sector empresarial, Cesia Yosabeth Mena Reina, fue también asesora de los diputados del FMLN en la Asamblea Legislativa entre agosto 2014 y enero 2019.
Superado el veto, el documento pasa a manos de los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, quienes deben tomar una decisión respecto a este tema.
El proceso solicitado por la Fiscalía General de la República (FGR), concluyó con la juramentación de los miembros, acto realizado por el presidente del Parlamento, Mario Ponce.
Esta medida fue acordada por los diputados de la Comisión Política de la Asamblea, ya que la mayoría de los parlamentarios consideran que esta acción militar vulneró la independencia del Órgano Legislativo.
La Corte Suprema de Justicia tuvo que dirimir la “controversia en cuanto a la violación al principio de igualdad en relación con el derecho al sufragio pasivo”,
Presidencia debería de haber revelado los acuerdos de movimiento de personal del Organismo (nombramientos, licencias, etc.), así como su respectivo currículum vitae con sus atestados.
El mandatario de la República, Nayib Bukele, aseguró que por su parte la normativa se encuentra vetada por no cumple con los requerimiento a favor de las víctimas de guerra.
Las razones que le llevan a este razonamiento es por el pobre trabajo que dejaron los interrogatorios al presidente de ANDA, Frederick Benítez, y a la ministra de Salud , Ana Orellana Bendek, por el problema de algas en el agua potable.
Los solicitantes se ampararon en la Ley Antiterrorista y en el artículo 47, literal F de la Ley de Partidos Políticos, en el que se detalla la prohibición de este tipo de actos, los cuales constituirían delitos.
Para los académicos, es urgente avanzar en la modernización de la Función Pública para que el Estado salvadoreño pueda cumplir con las obligaciones que establece la Constitución.
De aprobarse el antejuicio el denunciado podrá defenderse personalmente, con un abogado particular. En el caso del diputado Quijano lo hará con sus abogados, Francisco Beltrán Galindo y Delmer Rodríguez.
El Congreso tiene hasta el 28 de febrero para aprobar la ley, según un último plazo dado por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).