El ministro de la Defensa Nacional, René Merino Monroy, será interpelado el 21 de marzo producto a los hechos registrados durante y después del 9 de febrero pasado, fecha en la cual el recinto legislativo fue militarizado en una fallida sesión extraordinaria convocada por el Consejo de Ministros para abordar la aprobación del préstamo de $109 millones que el BCIE ha aprobado para financiar la tercera fase del Plan Control Territorial.
Esta medida fue acordada por los diputados de la Comisión Política de la Asamblea, ya que la mayoría de los parlamentarios consideran que esta acción militar vulneró la independencia del Órgano Legislativo.
La iniciativa propuesta por el FMLN, constará de una batería de 17 preguntas entre las cuales se encuentran: ¿Cómo cuál fue la base legal de la operación militar en la Asamblea Legislativa? ¿Cuál fue la misión de las unidades de la Fuerza Armada? ¿Cuáles eran los objetivos de la operación? Y ¿Quién la supervisó y cuál fue la cadena de mando que se cumplió el 9 de marzo?
Además, los diputados esperan convocar a la misma comisión al ministro de Seguridad, Rogelio Rivas; al director de la Policía, Mauricio Arriaza Chicas; al director del Organismo de Inteligencia del Estado (OIE), Peter Dumas, para que rindan cuentas de su participación en los actos ocurridos en esa ocasión.
A criterio de los efemelenistas, el gobierno intentó dar un “golpe de Estado” al Órgano Legislativo, estos desde que los efectivos de la seguridad nacional irrumpieron en el pleno.
Arena coincidió con esto y agregó que quieren saber quién ordenó “el acoso y persecución” del que fueron objeto desde el 7 de febrero hasta el 9 de febrero.
Los parlamentarios recordaron que hubo presión policial y de personas civiles para hacerlos llegar a la sesión convocada por el Consejo de Ministros establecida por el presidente Bukele.
Ante esta petición se sumó, el diputado del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Rodolfo Parker quien aseguró que era necesario hacer este ejercicio.
“Consideramos que es insoslayable y más que oportuno proponer para este jueves la interpelación del ministro de la Defensa. Consideramos que lo que se ha hecha con la Fuerza Armada en cuatro a desnaturalizar sus funciones es no tolerable y la Asamblea Tiene que actuar porque así lo dice la Constitución República”, señaló Parker.
Quien se mostró en contra fue el presidente del Congreso, Mario Ponce, ya que aseguró que las razones que le llevaban a este razonamiento es por el pobre trabajo que dejaron los interrogatorios al presidente de ANDA, Frederick Benítez, y a la ministra de Salud , Ana Orellana Bendek, quienes fueron cuestionados por la crisis de proliferación de alga y bacterias en el sistema de servicio de agua potable que el gobierno distribuye al Área Metropolitana de San Salvador (AMSS), desde mediados de diciembre 2019 a finales de enero 2020.
Conflicto entre los órganos de poder
Por otra parte, una serie enfrentamientos verbales y en redes sociales fueron los desencadenaron y pusieron en su punto más álgido al choque entre los Órganos de Estados y que culminó la problemática que será debatida por la comisión especial.
En esa ocasión, Bukele ocupó la silla presidencial y trató de iniciar una sesión que había sido convocada por Consejo de Ministros, pero que solo había sido acatada por 23 diputados, para debatir la aprobación de los $109 millones.
El resto había acordado no acatar el llamamiento, porque se usa este recurso en caso de “calamidad pública” situación que consideraron que no se aplicaba en la aprobación de los fondos.
Por lo que Bukele se retiró y controló a una masa de personas enardecidas previamente, que querían insurreccionarse contra el Legislativo.
