La Asamblea Legislativa aprobó con 44 votos, en la noche de este miércoles, la Ley de Reconciliación Nacional la cual ha sido cuestionada por diferentes sectores, entre ellos el presidente de la República, Nayib Bukele.
Para el aval de la normativa, se contaron los votos de 35 parlamentarios de ARENA: Alberto Romero, Andrés Hernández, Bonner Jiménez, Carlos Reyes, Dagoberto Blanco, Dany Díaz (suplente de Dagoberto Blanco), David Reyes, Donato Vaquerano, Doris Vega (Spte. Emilio Corea), 10. Douglas Cardona (Spte. Milena Mayorga), Edgar Escolán, Emilio Corea, Gladis de López (Spte. Arturo Magaña), Javier Palomo, Jeannette Palacios (Spte. N. Quijano), Johanna Ahuath (Spte. Javier Palomo), José López (Spte. M. Villatoro), Julio Fabián, Karla Roque (Spte. G. Escalante), Lisseth Palma (Spte. Rodrigo Ávila), Lucía de León, Margarita Escobar, Mario Marroquín, Mario Martínez, Marta Batres, Mauricio Linares, Mauricio Vargas, Mónica Rivas (Spte. Alberto Romero), Norman Quijano, Orlando Cabrera, René Portillo Cuadra, Ricardo Godoy, Ricardo Velásquez Parker, Rosa Romero y Silvia Ostorga.
También votaron a favor 7 del PCN: Mario Ponce, Raúl Beltrán, Roberto Angulo, Manuel Rodríguez (Spte. Serafín Orantes), Miguel Alfaro (Spte. José Luis Urías), Noemy García (Spte. Raúl Beltrán) y Sara Carrillo (Spte. Mario Ponce).
Mientras tanto del PDC votaron: Arnoldo Marín (Spte. Rodolfo Parker) y Juan Estrada (Spte. Jorge Mazariego).
Por su parte, las facciones del FMLN, GANA, CD y el Independiente no dieron sus votos.
“Decidimos no acompañar porque reconocemos que no expresa plenamente el interés de las víctimas y de las organizaciones representativas”, dijo Anabel Belloso, diputada del FMLN.
El diputado de Cambio Democrático (CD), Juan José Martell, indicó que el texto aprobado no cumple los parámetros que estableció la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Mientras tanto, el representante legislativo del PCN, Francisco Merino, dijo que no votó a favor de la ley porque no le habían entregado el documento, sino hasta este día a minutos de iniciar la plenaria.
Por su parte, la diputada de GANA, Rebeca Cervantes, mostró su indignación porque el Estado Salvadoreño, es decir, “las nuevas generaciones” va a ser quienes paguen los daños que otros cometieron en contra la población salvadoreña.
“Esta es una condena para las nuevas generaciones. Parece que las palabras justicia y reparación solo aplican a conveniencia”, criticó.
Este documento que le tomó meses de deliberación en privado al Parlamento y varias solicitudes a la Sala para extender el plazo de entrega.
El presidente del Parlamento, Mario Ponce, sostuvo que el anteproyecto concede beneficios penales, establece medidas de reparación obligatorias al Estado, pero asignar fondos específicos, y prohíbe condecorar a acusados de crímenes de guerra.
Agregó, que la Fiscalía General de la República (FGR) tendrá un periodo de seis meses para evaluar y presentar a los tribunales las denuncias de crímenes de lesa humanidad.
Pero en caso que el fiscal del caso no cuente con los indicios suficientes en el plazo asignado, podría solicitar al fiscal superior un periodo de gracia de seis meses más.
Uno de los puntos controversiales es la propuesta de reducir a la quinta parte la totalidad de las penas cuando se reconozca la participación en los hechos, pida perdón a víctimas, colabore en el esclarecimiento de los hechos y ayude a dar con el paradero de las víctimas o sus restos.
Este punto se aborda en el artículo 66 del proyecto, que establece que el juez "podrá reducir a la quinta parte la totalidad de las penas a imponer, previo haber escuchado a las víctimas, si la persona procesada cumple con cualquiera diferentes condiciones".
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En julio del 2016, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró inconstitucional la Ley de Amnistía para la Consolidación de la Paz, de 1993, y pidió a la Asamblea Legislativa la redacción de una nueva Ley de Reconciliación Nacional, prohibiendo que se impida el acceso a la verdad, justicia y reparación de las víctimas del conflicto armado.
Respecto a los comentarios en contra el presidente de la Asamblea dijo que: "Las leyes por supuesto no son perfectas, ni acá ni en la China. Pero le puedo asegurar que la ley en términos generales lleva un 90 % de insumo que habían presentado organizaciones defensoras de derechos humanos y un 10% de la propuesta por subcomisión".
Agregó que el documento ha sido revisado y se han incluido recomendaciones de propuestas de Naciones Unidas, de organizaciones sociales, y las observaciones planteadas por los padres jesuitas de la UCA.
Reparación a los daños hechos a las víctimas de guerra
En el punto de reparación de daños a víctimas de guerra, el anteproyecto propone la creación del Consejo Nacional de Reparación (Conrepara), entidad autónoma liderada por la Procuraduría General de la República (PGR) y acompañada por los ministerios de Hacienda, Salud, Educación y cuatro representantes de organizaciones defensoras de derechos humanos nombradas por el presidente de la República.
Este trabajo interinstitucional, tendrá la misión de formular la Política Nacional de Reparación Integral para las Víctimas del Conflicto Armado, programas de reparación, administrar un registro oficial de víctimas, vigilar políticas públicas que las afectan, y rendir informes sobre el estado de reparación a la Asamblea Legislativa.
Además, se incluirá el registro de víctimas del Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA), así como las del decreto Ejecutivo 204. Además, se mantendrá el Régimen Especial de Registro Único de Víctimas de la Masacre de El Mozote.
Los fondos otorgados a víctimas como reparación, en tanto, serán incluidos de forma escalonada en el Presupuesto General de la Nación de parte del Ejecutivo; aportes extraordinarios que determinen el Estado; y donaciones de cooperación internacional para tal fin. No se establece un monto específico para la indemnización.
Finalmente, el Conrepara debe elaborar una prohibición de homenajes y retirar las distinciones honoríficas y nominación de instalaciones públicas hacia personas condenadas por delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra.
Presidente de la República asegura que vetará la normativa
Esta ley entraría en vigencia 60 días después de que sea publicada en el Diario Oficial, pero el presidente Bukele fue enfático al decir que no sancionará ninguna ley que no contenga los elementos fundamentales para que sea justa y constitucional.
A criterio del mandatario, el proyecto no reúne la verdad, reparación y justicia, para los afectados del pasado conflicto civil salvadoreño (1980-1992).
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“No puede ser una ley de amnistía disfrazada… La Asamblea debe legislar respetando los derechos fundamentales de las víctimas del conflicto armado y cumplir con los convenios internacionales firmados por nuestro país”, expresó a través de su cuenta personal de Twitter.
Por su parte, el vicepresidente de la República, Félix Ulloa, reforzó el planteamiento del mandatario salvadoreño en el sentido que se debe garantizar la protección de los derechos ciudadanos de las víctimas por medio del veto, si se intenta sorprender a la población.
“El veto presidencial es la facultad constitucional que garantiza, en la república democrática, la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Hoy, las víctimas no están desamparadas”, expresó el vicemandatario.
Víctimas de la guerra decepcionadas por la aprobación
Las víctimas del conflicto armado y miembros de organizaciones sociales que llegaron al recinto legislativo, expresaron su descontento ante el aval esta ley.
Uno de ellos es el representante de la Comisión contra la Impunidad, Óscar Pérez, quien lamentó que no se valore a las personas que sufrieron en la guerra.
“Han votado por una ley de impunidad, han votado por una ley que no es más que una amnistía disfrazada, porque favorece a los victimarios y no ha sido consultado al pueblo”, expresó.
Además, hizo un llamado a la comunidad internacional para que se tome cartas en contra los 44 representantes legislativos que aprobaron esta ley.
