martes, 16 abril 2024

Diputados superan veto a las reformas electorales para voto en el exterior

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Superado el veto, el documento pasa a manos de los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, quienes deben tomar una decisión respecto a este tema.

Por segunda ocasión, los diputados aprobaron superar el veto que el presidente de la República, Nayib Bukele, hizo a las reformas electorales que los parlamentarios habían avalado días atrás y que permitirían que los salvadoreños en el exterior pudieran votar en las elecciones de diputados y alcaldes a realizase en 2021.

La medida contó con 68 votos a favor de todos los partidos políticos y uno en contra del diputado no partidario, Leonardo Bonilla.

La falta de acuerdo entre el Ejecutivo y el Legislativo por este tema, data desde el 24 de enero de este año, cuando el presidente Bukele veta por primera ocasión estas reformas.

Por lo tanto, los parlamentarios volvieron a someter en estudio este documento y le dieron el visto bueno con 70 votos; sin embargo, el mandatario volvió a rechazarlo.

En la primera ocasión, Bukele alegó tres razones para no aprobar las reformas, ya que a su juicio no permite el voto de alcaldes, impide la postulación de candidaturas de salvadoreños en el exterior y viola el derecho real del sufragio por el sistema de voto postal, algo que dijo, va en contra de la sentencia emitida en 2016 por la Sala de lo Constitucional.

Además, en septiembre del año pasado, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), ordenó, a la Asamblea Legislativa que entregara un informe detallado sobre las acciones normativas e institucionales que hubieran llevado a cabo, para que los salvadoreños en el exterior puedan participar en las votaciones legislativas y municipales, y para que se postularan a cargos públicos de elección popular.

De acuerdo a la resolución, la inconstitucionalidad del Palacio Legislativo radica en que omitió regular los procedimientos, requisitos y garantías necesarias para que los salvadoreños domiciliados fuera del territorio nacional, que cumplan con los requisitos constitucionales y legales respectivos, puedan votar en las elecciones.

Por lo tanto, la Sala estableció la obligación de la Asamblea de emitir la legislación electoral pertinente o adecuar la ya existente para regular los procedimientos y condiciones necesarias para que los ciudadanos salvadoreños en el exterior ejerzan el derecho al sufragio activo y pasivo en elecciones legislativas y municipales, otorgando un plazo que concluyó el 31 de julio de 2017.

Asimismo, ordenó que el cumplimiento pudiera realizarse de forma progresiva, de acuerdo con las capacidades organizativas y financieras de las instituciones implicadas en los procesos electorales, a más tardar para los comicios del 2021.

Por lo tanto, los parlamentarios formularon el nuevo documento para poder cumplir con los tiempos establecidos.

En esta nueva ocasión, el presidente consideró que no se superaron las observaciones, por lo que volvió a descartarla.

“La Asamblea envió otro adefesio jurídico que incumple la Constitución, la sentencia de Sala y los derechos fundamentales de nuestros hermanos en el exterior. Es por eso que he decido VETARLO por inconstitucional. Pónganse a trabajar y legislen en favor del pueblo”, expresó el presidente.

En este sentido, explicó que no es un capricho sino que la propuesta aún tiene vacíos, que es necesario corregirlos porque: “ No se reconoce el derecho al sufragio pasivo de los ciudadanos,  los criterios establecidos para determinar el arraigo para las elecciones municipales son excluyentes para los nacidos en nuestro país que no los puedan cumplir, persisten en la ausencia de regulación de la circunscripción en elecciones legislativas para salvadoreños no nacidos en EL Salvador y utilizan un total diferente criterio para definir circunscripción electoral en elecciones legislativas y municipales, sin justificación”.

Además, aseguró que los diputados pretende hacer el voto engorroso y prácticamente imposible, lo que a su juicio “es un burdo intento de negar (de facto) el derecho fundamental y constitucional de nuestra diáspora al voto”.

Por lo tanto, superado el veto, el documento pasa a manos de los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, quienes deben tomar una decisión respecto a este tema.

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