Representantes de instituciones de educación superior han expresado su preocupación, por el retraso que ha tenido la aprobación de Ley de Servicio Público, la cual se mantiene en debate desde marzo de 2019 en una comisión Ad Hoc de la Asamblea Legislativa.
Para los académicos, es urgente avanzar en la modernización de la Función Pública para que el Estado salvadoreño pueda cumplir con las obligaciones que establece la Constitución.
“Vivimos en una sociedad democrática donde los ciudadanos ejercen en forma creciente sus derechos y esperan del Estado una mayor celeridad en los procedimientos, menores costos, más transparencia, participación y calidad en los servicios que reciben”, reza un extracto del comunicado emitido por las universidades.
Para este sector, esta ley es necesaria porque se busca establecer una regulación para obligar a que las contrataciones del personal de las instituciones públicas sean basadas en la capacidad, el mérito y la honestidad, dicha normativa exigiría a todos los servidores públicos que ejerzan su función con objetividad, imparcialidad y ética.
Actualmente, existe la Ley del Servicio Civil, que regula el ámbito laboral público así como la relación Estado, municipalidades y empleados; la normativa en referencia permanece vigente desde 1961, que es preconstitucional y por ello es considerada por muchos como obsoleta y se requiere crear una nueva normativa cuyo propósito sea sentar las bases de una carrera administrativa, además de exigir calidad del talento humano que labore para el Estado.
“El Salvador debe dar pasos firmes en la construcción de una administración imparcial, profesional y eficiente, cercana a la ciudadanía, capaz de contribuir al desarrollo sostenible, a la mejora de la calidad de vida de la población, la justicia y el bienestar social”, indicaron.
En este sentido, aseguraron que las universidades están comprometidas en la formación de profesionales competentes y capaces, que puedan contribuir a la construcción de un Estado más democrático y eficiente, al servicio del bien común y no de intereses partidarios.
Por lo tanto, consideraron que es necesario que todas las personas tengan la oportunidad de ingresar a cargos públicos sin discriminación alguna, solamente atendiendo al mérito y la idoneidad.
Anteriormente, la comisión Adhoc que estudia el proyecto de ley finalizó la fase de consultas con alrededor de 37 organizaciones sindicales de trabajadores de entidades públicas.
En esa ocasión, el objetivo era escuchar las opiniones respecto a esta iniciativa; posteriormente, esa mesa parlamentaria analizará qué conviene al país: continuar con el esfuerzo por aprobar una Ley de la Función Pública que goce del consenso de todos los sectores involucrados o actualizar la Ley del Servicio Civil, mediante reformas acordes a la realidad actual en esa materia.
Sin embargo, gremiales de trabajadores manifestaron su descontento porque según los sindicalistas, la normativa en cuestión es promovida por organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y Banco Mundial (BM), la cual da pie a la vulneración de los derechos de los empleados públicos a excusa de generar desarrollo económico.
