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Por Alonso Rosales, Observador Internacional
Una eventual cumbre entre Rusia, Estados Unidos y China abriría un debate sobre el futuro de Ucrania, el equilibrio de...
Por Redacción ContraPunto
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Más de 6.5 millones de salvadoreños están habilitados para votar el 28 de febrero y elegirán presidente, Asamblea Legislativa y concejos municipales
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A esta conclusión llegaron los diputados que integraron la subcomisión de tejido social que fue instalada a principios de octubre, tras las acusaciones que hiciera el director de la Unidad de Tejido Social, Carlos Marroquín en una entrevista televisiva.
Las organizaciones pese a que celebran esta declaratoria, demandaron al Estado la expropiación y dignificación como medida de resarcimiento y justicia para los pueblos indígenas.
La próxima semana recibirán al titular de Fiscalía General de la República para profundizar en el presupuesto asignado para el 2020 y ampliar sobre solicitud de préstamo con el BCIE por $ 25.3 millones para construir y equipar oficinas de la institución del Ministerio Público.
El analista político no le ve un buen augurio al partido de derecha que no ha logrado superar el trauma que le dejó las elecciones de febrero de 2019. A lo anterior se suma una falta de liderazgo, un grupo parlamentario fraccionado que para Cañas, lo único que hace pensar es que para los comicios de 2021 puede ser el último cartucho que quemen.
Lo que se pretende es actualizar y mejorar la aplicación de la normativa de tal forma que sea más protagónica la participación de los representantes del Consejo Nacional de la Persona Joven (CONAPEJ).
Con los fondos se reducirían los niveles de vulnerabilidad y la pérdida de vidas humanas y materiales de los habitantes en los asentamientos urbanos precarios del Área Metropolitana de San Salvador (AMSS).
Una reforma constitucional permitiría que la elección de los magistrados del organismo electoral no sea a través de la Asamblea Legislativa, sino mediante propuesta de la Corte Suprema de Justicia.
El ministro reveló que se tratará de un sistema electrónico que se pague por pasajero, pero no brindó más detalles porque siguen estudiando la propuesta.
Las acusaciones en contra de Muyshondt y otros políticos se registraron durante la vista pública de 425 presuntos pandilleros, ligados al caso denominado “Operación Cuscatlán”.