Redacción ContraPunto
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Por Redacción ContraPunto
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"Hace menos de tres semanas, el Legislativa aprobó el decreto para el Fondo de Emergencia por un monto de $US2.000 millones para la crisis del COVID-19 y financiar acciones estratégicas que permitirán disminuir los efectos de la recesión global", expuso el funcionario
Este préstamo forma parte de los $2 mil millones que recientemente fueron autorizados por la Asamblea Legislativa para que el Ejecutivo busque alternativas para minimizar el impacto que genera el COVID-19.
El mandatario aseguró que los empleados del Hospital Zacamil que fueron enviados un centro de contención es una medida parte de la fase ll, donde pretenden detectar pacientes y sus nexos epidemiológicos.
El gobierno tiene 87 albergues con 4 mil 236 personas que están en cuarentena, una medida aplicada para prevenir posibles casos de coronavirus (COVID-19).
El gobierno tiene previsto incorporar al beneficio a 400 mil personas más que han presentado sus reclamos porque no resultaron elegibles y se han visto afectada por la pandemia de coronavirus.
El presidente salvadoreño giró órdenes al superintendente General de Electricidad y Telecomunicaciones, Manuel Aguilar, para que “proceda con todo el peso de la ley”.
La prórroga de la emergencia se establece únicamente por cuatro días, ya que los legisladores buscarán mejorar la ley junto con representantes del gobierno, según diputados que aprobaron el breve y polémico decreto, que Bukele rechazó
La conclusión que se desprende es que pese a la acción gubernamental de la crisis, que se considera acertada, al país me viene un futuro nada halagador en materia económico social
Mandatario salvadoreño dijo que si estos salvadoreños ingresan al país, el sistema de salud puede colapsar ante posible aumento masivo de contagios por COVID-19
El nuevo plan de acción gubernamental pretende evitar que El Salvador llegue a la fase 3 de contagios, situación en la que muchos países han colapsado. Para ello también se ha propuesto 15 días más de cuarentena domiciliaria obligatoria
El Ministerio Público recibe varias denuncias semanales de amenazas de muertes en redes sociales, pero se quedan cortos con la investigación por carecer de una Unidad Especializada de Delitos informáticos.