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El ministro dijo que forman parte de los $2 mil millones para atender la emergencia por COVID-19 y que representan las ventanas de financiamiento con Organismos Multilaterales como alternativas con bajas tasas de interés.

A la citatoria asistieron, representantes de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), del Consejo Nacional de Empresarios Salvadoreños (CONAE), de la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador (CAMARASAL) y de la Red Nacional un Pueblo un Producto.

Ante la renuncia, los parlamentarios consideraron oportuno que el Comité se compuesto por el gremio médico y una universidad salvadoreña.

El ministro Fuentes consideró que con esta situación se ha retrasado la obtención de recursos.

La ministra de Economía, María Luisa Hayem, informó que hasta ayer estimaba que la actividad productiva trabajaba a un ritmo entre el 25 % y 30 % de su capacidad.

Los defensores de Sigfrido Reyes, aseguraron que las pruebas que presentaron confirman que no existe ningún indicio de enriquecimiento ilícito, que todas las cuentas están en orden y que el pago de viáticos se realizó de conformidad con la ley.

El Salvador contabiliza 3,829 casos confirmados, y de ellos hay aún 1,840 recibiendo atención médica en el sistema público de salud, pero también atiende otras dolencias.

La ministra de Economía detalló que en la primera fase de la reapertura económica entrarán en actividad algunos sectores que ya estaban operando y otros “que tienen alta relevancia en el Producto Interno Bruto (PIB)”.

Anteriormente, el director de Centros Penales dijo que había 396 casos sospechosos en la cárcel de San Vicente, 513 en La Esperanza y 154 en Quezaltepeque, está última prisión únicamente alberga a pandilleros.

Esta estrategia permitirá dinamizar la economía en Santa Tecla, La Libertad, gracias a la compra y venta de productores nacionales de frutas, hortalizas, leche, lácteos, miel, café, huevos, carnes, mariscos y pescado fresco.

La comisionada presidencial culpó a Corte Suprema de Justicia y a la Asamblea Legislativa que no haya estos controles.

A estas palabras emitidas el 13 de junio por el mandatario salvadoreño, la Sala las catalogó como “graves aseveraciones”.