La controversia radica en que el funcionario tiene cuatro expedientes de investigación penal activos, que presuntamente pondrían en duda su trabajo en la institución.
Huezo guarda prisión preventiva desde finales de abril de 2018, luego de haber sido capturado como el principal sospechoso del asesinato de la periodista.
La canciller salvadoreña señaló las debilidades que fueron identificadas en el sistema de contraloría gubernamental, tras haber asumido la administración el pasado 1 de junio.
En la medida quedó fuera la oportunidad de una medida cautelar, es decir, el reinstalo de los entre 400 a 600 empleados despedidos, aunque anticipó que dependiendo de las circunstancias podría emitir una medida en el futuro.