Redacción ContraPunto

Exor destaca que las medidas tomadas por la administración del presidente Nayib Bukele para apoyar al sector productivo en plena pandemia permitió el desarrollo productivo.

Diputado del Parlacen no ha presentado defensores y reglamento faculta a Asamblea nombrarlo.

Se trata de una fundación dedicada a la ayuda social y desarrollo económico de El Salvador, la cual hizo operaciones en un paraíso fiscal cometiendo delitos de evasión fiscal y lavado de dinero.

Al finalizar la audiencia inicial se determinó que el proceso debe seguir a la etapa de instrucción con la reserva total que la Fiscalía General de la República solicitó.

Juan Pablo Álvarez también denunció que el partido ARENA está secuestrado por cuatro dirigentes que no escuchan a las bases que reclaman un nuevo liderazgo y cambios.

Miguel Lacayo estuvo involucrado y fueron acusados de contaminación por plomo en el Sitio de El Niño, en San Juan Opico.

La exdiputada de ARENA, Mariela Peña Pinto, formaba parte de la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa cuando a la fundación que creó se le asignaron US$180,000.

Sigfredo Figueroa Salinas también acusado en el caso fue sobreseído definitivamente ya que el juez consideró que ya había prescrito el delito que se le estaba atribuyendo en calidad de cómplice

El presidente dijo que su gobierno tomaría "nuevas acciones" para contener la violencia de las últimas horas en el país.

El organismo sustituirá al actual, que existe desde 1982. Entre sus funciones estarán retomar, ejecutar y promover las actividades de investigación, innovación y transferencia de tecnologías que permitan impulsar el desarrollo del sector cafetalero, con el que se beneficiará a más de 25 mil productores.

Los informes fiscales revelan que Quijano y Muyshondt negociaron con las pandillas poner en el cargo de ministro de Justicia y Seguridad Pública al excomandate guerrillero Facundo Guardado.

La ley prohibirá la injerencia extranjera "y dará estabilidad política al país".

EL Tribunal de Ética del FMLN aclaró que no actúa por presión mediática, tampoco es un ente investigador o acusador.

La medida deja a las municipalidades sin fondos para inversión en obras de manera autónoma.

Será la Dirección General de Centros Penales la que decidirá donde guardará prisión.